Hace exactamente un año, el 26 de mayo del 2020, Costa Rica permitió por primera vez las uniones civiles de parejas del mismo sexo, un derecho que hasta entonces solo gozaba la población heterosexual.
Desde ese día histórico, cientos de parejas del mismo sexo han oficializado su unión a nivel legal en el país, sin embargo, aún son muchas las deudas con la población diversa.
Al 10 de mayo de este 2021, 889 parejas diversas habían solicitado la inscripción de su matrimonio ante el Registro Civil. De ellas, 103 fueron celebradas en el extranjero, las restantes en Costa Rica. Asimismo, 312 se tramitaron mediante una solicitud en papel y 474 por medio digital.
Una de esas parejas, que contrajeron matrimonio en octubre del año anterior, tras 21 años de relación, fue la de Alejandro Zúñiga Poveda y Juan Carlos Camacho Gómez.
“Es muy bonito porque ya en dos ocasiones nos ha tocado ir a algún lugar donde nos preguntan ¿Estado civil? Entonces uno dice: “casado”, y hay como un orgullo de poderlo decir ahora en nuestro país y pues la experiencia sigue siendo muy bonita después de 21 años” manifiesta Zúñiga.
“Gracias a Dios, a este país y muchas personas, tenemos esa oportunidad de podernos casar con la persona que realmente queremos y amamos. Y legalmente sentir ese respaldo, que usted puede dejar en un documento el nombre de esa persona como su esposo o su cónyuge, es una satisfacción“, agrega su pareja, Juan Carlos Camacho.
Pero, ¿se terminaron las luchas de la población LGTBIQ+ con el matrimonio igualitario?
Representantes de esta población y de organizaciones dedicadas a luchar por sus derechos, manifestaron a Costa Rica Noticias que aún hay muchos asuntos pendientes.
Uno de ellos y en el que coinciden es prioritario, es la posibilidad de hacer el cambio de sexo registral de las personas Trans. Es decir, la posibilidad de que puedan cambiar el sexo con que fueron inscritas en su acta de nacimiento
Desde el 2018, dicha población puede hacer la solicitud de modificación del nombre en su cédula. Y el registro civil eliminó el indicativo de género en el documento.
Sin embargo, los Poderes de la República u otras entidades públicas pueden obtener acceso a la información del sexo con el cual fue registrado.
“Cualquier persona puede indagar y es de acceso libre este dato, donde se ve que esta persona que tiene una expresión de género femenina, su nueva cédula que tiene un nombre femenino, por ejemplo, pero sigue apareciendo con un sexo registral masculino. Eso es algo que la CIDH dentro de su fallo habla y que todavía el Registro Civil no ha cumplido en ese apartado en particular“, explica Natasha Jiménez, coordinadora del Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, MULABI.
Esta situación expone de manera innecesaria a la población Trans y motiva a la discriminación.
Así lo considera Jean Matarrita, un hombre Trans, quien tiene 7 años de ser docente en el Ministerio de Educación Pública y esta casado con una mujer Trans.
También Deborah Amarador, médica y radióloga, hace poco en un juicio fue tratada en masculino por el abogado de la contra parte y, una jueza del juzgado de Desamparados expuso su identidad anterior.
“Yo, y mi esposa ahora, que es una mujer Trans, pudimos casarnos y se respetó nuestra identidad y nuestro nombre. Pudimos hacerlo en una ceremonia como cualquier pareja, sin embargo nuestro sexo registral aún no ha podido cambiar¨, comenta Jean.
Amador por su parte expresó: “Yo tengo y vivo plenamente mis días, pero esas cosas tan pequeñas a veces evitan alcanzar esa plenitud porque siempre hay un papel en algún lado que dice ‘mirá aquí aparece esto’. Y en forma innecesaria porque a nadie le interesa si soy o soy. La gente debería tratar a las personas como lo que tienen paradas en frente”.¨
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo pública en el 2018 la Opinión Consultiva OC-24/17. En ella, se señaló que Costa Rica debía garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el matrimonio y junto a esto debía reconocer el derecho de las personas trans a cambiar su nombre de acuerdo con la identidad de género autopercibida.
“Cuando sucedió la opinión consultiva 24, trataba sobre dos temas: uno de ellos era matrimonio igualitario y el otro, la identidad de género. Y en materia de identidad de género, el Registro está reconociendo el cambio de nombre pero no así la adecuación del sexo registral y esto deja a las personas a medio camino en el reconocimiento de su identidad“, detalló Margarita Salas, excomisionada presidencial LGTBIQ+.
Según el Registro Civil de Costa Rica, el cambio de sexo registral solo puede ser modificado si la Asamblea Legislativa emite una ley al respecto.
“El cambio en el sexo registrado al nacer no se posibilita pues es un acontecimiento que se genera al momento que nacen las personas y el cambio, como lo habían solicitado en alguna oportunidad, el cambio de género propiamente en el documento de identidad lo que hizo el TSE y el registro civil, fue eliminar la coletilla de sexo y el sexo registrado al nacer de los documentos de identidad. Para lograr que se modifique el sexo registrado al nacer debe haber una habilitación en una normal legal que en este momento no existe“, explica Luis Guillermo Chinchilla, Ofiicial Mayor del TSE
Representantes de las organizaciones como MULABI, señalan que existe una iniciativa de ley para ser presentada a la Asamblea Legislativa que pretende garantizar de manera integral la identidad de género. No obstante, para la excomisionada Margarita Salas, no existe viabilidad política en este momento.
Otros pendientes
Aunque el cambio de sexo registral para las personas Trans es el principal pendiente, existe muchos otros que atañen a dicha población.
La falta de trabajo, así como la discriminación, son algunas de las situaciones con las que deben lidiar constantemente estas personas.
“En esta ley de Empleo Público ya se habla de una cuota de un 5% para personas con discapacidad, eso me parece excelente. Pero, dentro de esas cuotas laborales podríamos incluir a las personas Trans, por ejemplo, a las que nunca se les da esa oportunidad? La sociedad a lo que orilla a las mujeres Trans es al sexo por sobrevivencia, no lo podemos llamar trabajo sexual“, opina Natasha Jiménez, coordinadora de MULABI.
Por su parte, Jean Matarrita, asegura que “cuando un hombre Trans va a pedir ginecología en la CCSS, es super incomodo, no saben como llamarlo, le dicen “señora disculpe”. Imagínese, yo en ginecología en la Caja esperando que me llamen y me digan “señora Jean Matarrita” y pues es una situación muy incómoda, igual para las mujeres Trans“, comentó.
“Yo pasé de vivir la vida de un hombre privilegiado, a tener que comprarme un gas pimienta para protegerme, simplemente por hacer un proceso de transición e inclusive, pasé a tener menos derechos de los que tenía antes“, agrega Deborah Amador, médica y radióloga.
Además, según el Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, MULABI, el acceso a los tratamientos de hormonización que se brindan en la CCSS, se han visto interrumpidos en algunos casos, lo cual puede ser un riesgo para las personas Trans que los iniciaron porque pueden generar crisis fisiológicas.
De acuerdo con dicha organización, el índice de suicidio en niños y niñas Trans es 10 veces mayor que en otras personas y el promedio de vida de esta población en la región centroamericana es de entre 28 y 32 años. La población se ve afectada por infecciones de transmisión sexual, los niveles altos de suicidio, el abuso de drogas y sobre todo por la violencia generalizada de parte de la sociedad.
“Es una de las más vulnerabilizadas porque no tenemos el beneficio del clóset como lo pueden tener otras poblaciones y eso nos hace blanco fácil para agresiones, marginaciones, segregaciones etc“, asegura su coordinadora.
“Para usted contratar a una persona trans, usted no necesita que pase ninguna ley, es un tema de voluntad de las empresas y de las diferentes instancias. Creo que sería fundamental desarrollar con conjunto con el sector empresarial, una bolsa de empleo especialmente dirigida a personas trans de manera que se pueda hacer revisión de algunos puestos para certificar capacidades y habilidades“, añade la excomisionada LGTBIQ+.
A la población diversa en general también le preocupa, y están en desacuerdo, que en el actual proyecto de ley de Empleo Público que se discute en la Asamblea Legislativa, exista la objeción de conciencia que permite a funcionarios públicos, negarse a recibir capacitaciones cuando consideren que van en contra de sus creencias religiosas, éticas o morales.
“Para mi aceptar esa objeción de conciencia es absurdo porque va en contra de un trato igualitario y el principio de servicio público a lo que los funcionarios públicos están adscritos“, manifiesta Alejandro Zúñiga
Su esposo, Juan Carlos Camacho, por su parte asegura que “El político es el que debe cambiar todo ese sistema para que se den los derechos“.
Precisamente, la excomisionada LGTBIQ, Margarita Salas, renunció al cargo semanas atrás alegando desacuerdo por la inclusión de esta norma en el proyecto de ley de empleo público.
Al dejar el puesto la funcionaria señaló que se estaban negociando los derechos de la población diversa a cambio de votos para la reforma al empleo.
Así que la celebración de aniversario de este 26 de mayo del matrimonio igualitario no puede verse con los colores del arcoíris que representa a la población diversa. Nuestra legislación y, en general, la sociedad aún mantiene grises que impiden a estas personas gozar de una vida más plena e igualitaria.
