La desaparición de Keibril García Amador destapó una serie de falencias en las instituciones que supieron del asunto y no hicieron mayor esfuerzo por proteger a la bebé y a su mamá de tan solo 13 años.
El más cuestionado, sin duda, ha sido el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ya que no cumplió con su rol principal de resguardar la integridad de las menores.
Por ello, la Federación Latinoamericana de Fiscales aseguró que la custodia de los niños que estén en riesgo no pueden estar más en manos del Patronato. Por el contrario, aseguró, esa decisión tan importante debe tomarla un juez, ya que tiene muchísima más preparación y experiencia.
Eso sí, para lograrlo se debe hacer una reforma al artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia. Eso, pese a constantes esfuerzos, no se ha podido hacer.
“Hay que reformar el Código de Niñez para que juez de familia decida dónde se ubica a un menor cuando hay denuncias de que el menor está siendo atacado por temas de abusos y maltrato físico. Esto sigue siendo una potestad administrativa del PANI y parece mentira porque no ha sido efectiva.
“Y digo que parece mentira porque para efectos de violencia doméstica para personas mayores se creó todo un sistema de protección para atenderlos casos, pero para la niñez no. Seguimos con una ley muy vieja”, indicó Rónald Segura, presidente de esa Federación.
A manos del Poder Judicial
Consideró que el Poder Judicial sí tiene la capacidad resolutiva para atender cada caso y decidir lo mejor para el menor.
“Hay un Código de Niñez, pero las decisiones de la ubicación de un menor siguen siendo de carácter administrativo y debería ser de carácter judicial para que jueces -con mayor preparación- y los tribunales -con mayor capacidad- puedan resolver estos casos. Con eso, tomar mejores decisiones.
“Por supuesto que el PANI seguiría siendo un actor importante dentro del proceso. Es el que debe presentar el caso ante el juez y hacer los informes respectivos. Pero el objetivo es que un juez sea el que decida el destino de un niño”, indicó.
Sin embargo, pese a la importancia que para él tiene esto, no ha logrado tener apoyo porque, considera, no es un tema que tenga “trascendencia política”.
“En este país pasa algo -digamos- trágico. Y es que todo se hace con una visión política, una visión de popularidad o de votos. Se ha corrido con matrimonio igualitario y con maltrato animal porque en su momento fueron temas explotados políticamente. Así es. Desafortunadamente los temas que realmente importan, pero que no tienen una trascendencia política, no tienen la acogida que uno desearía”, criticó Segura.
Aseguró que la Federación estaría en la mejor disposición de dar asesoría para construir un proyecto de ley que solo venga a ayudar a los niños que están en riesgo.
“Desearía que alguna fracción legislativa presentara un proyecto de ley. Por supuesto que, desde la Federación, estaríamos dispuestos a dar la asesoría correspondiente para que Costa Rica haga la reforma (…) Nuestros niños están desamparados y nuestros niños viven en condiciones paupérrimas en muchos casos y el PANI no tiene la fuerza necesaria para proteger a los niños como si la podría tener el Poder Judicial”, apuntó Segura.
Por su parte, la diputada liberacionista Montserrat Ruiz se mostró interesada en esta propuesta e indicó que estaba dispuesta a sentarse a conversar con la Federación.
