En el pasado mes de febrero Kenisha McDougall denunció en sus redes sociales que su sobrina había sido víctima de racismo en su escuela, el primer día de clases.
“Una de las maestras de la escuela Manuel Hidalgo Mora llamada Vivian Madrigal Mora se le ocurrió que era buena idea dar un discurso de odio hacia la provincia de Limón, diciendo “Por favor no traigan a sus hijos con rastas ni dreads, aquí no estamos en Limón es Aserri, ni mucho menos traigan a sus hijas con el poco de COSAS en el pelo” mi sobrina es una de las dos únicas niñas de color que asisten a esa escuela y usa “COSAS” en el pelo, ni si quiera he visto a niños yendo a la escuela con dreads o rastas, entonces automáticamente mi hermana, mi mamá y yo asumimos que los comentarios eran dirigidos hacia mi sobrina la unica de las dos niñas de color que causalmente tenia “COSAS” en el pelo en el acto cívico”, publicó en su Facebook.
El caso fue presentado ante el Ministerio de Educación, quien en aquel momento reubicó a la educadora mientras se realizaba la investigación.
No obstante, el caso ya fue archivado (mediante resolución no. 1433-2023 del 24 de marzo del 2023 dictada por la Dirección de Recursos Humanos, del Ministerio de Educación Pública), situación que lamenta la Defensoría de los Habitantes, quien recomendó al Ministerio de Educación Pública revisar, y en caso necesario, rectificar que en las etapas de investigación, se aplicaron y garantizaron los derechos de una niña de 5 años.
“Del análisis que hizo la Defensoría a la documentación recibida del MEP sobre este caso se determinó que el procedimiento disciplinario se centró en la persona docente y no tomó en consideración la eventual afectación o violación a los derechos humanos de la persona menor de edad”, menciona el comunicado del ente defensor.
Además, critican la ausencia de la persona menor de edad en la información brindada sobre el proceso, ni la valoración realizada a los expresada por ella y su madre, así como la prioridad que se otorga a la prueba testimonial aportada de descargo, por lo que se permite interpretar que no se consideró el reconocimiento jurídico y social de la niña como persona sujeta de derecho.
En el Ministerio de Educación Pública aseguran que la decisión se tomó debido a que la madre no presentó pruebas ni asistió a las audiencias.
“Con respecto a la afirmación que realiza dicha instancia, se pertinente aclarar que no lleva razón en cuanto al señalamiento realizado de no haberse tomado en cuenta la declaración de los denunciantes. Consta en el expediente disciplinario N° 28-2023 que en dos ocasiones se realizó la respectiva convocatoria a la madre de la menor denunciante para proceder a la ratificación de cargos -necesaria y en respeto al Debido Proceso- establecida dentro del artículo 68 del Estatuto de Servicio Civil– sin embargo la madre de la menor, en su condición de denunciante y representante legal, no se hizo presente al lugar y la hora que fue convocada”, señaló Nelly Venegas Brenes, Jefa del Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP.
Además, Venegas indica que la madre tampoco presentó pruebas a lo largo de la investigación realizada, teniendo esta la oportunidad de realizarlo.
“Ante la ausencia de prueba aportada a lo largo de la investigación realizada se procedió a recabar prueba documental y testimonial con testigos que afirman haberse encontrado en el lugar y hora de los hechos, y haber podido escuchar con claridad el discurso. Sobre el resultado no podemos referirnos aún , pues el caso se encuentra recurrido”, concluye la funcionario.
Según declaraciones del abogado de la familia, dadas al medio AmeliaRueda.com, la madre se ausentó a la primera audiencia por una incapacidad por sintomas de covid-19 y en la segunda ocasión si llegó pero tarde debido a un choque en carretera.
“Hicieron una audiencia donde iban a recibir a nuestros testigos, nosotros nos presentamos desde las 7 a. m. al Ministerio, la audiencia era a las 8 a. m. y doña Danisha es una madre soltera y ella tenía que ver cómo dejaba a su hija porque su hija tenía libre y cuando ella venía de camino hubo un choque”, mencionó Esteban Martínez Solano, abogado de la familia de la niña.
Por ahora el caso aún se mantiene abierto, pues fue recurrido por la denunciante y ahora se encuentra en fase de admisibilidad.
