Luego de 13 días de intensa búsqueda, las autoridades aún no dan con el paradero de la bebé de nueve meses desaparecida desde el 9 de abril en Cartago.
Esa impotencia por desconocer su paradero provoca que la gente se pregunte: ¿Por qué no se puede presionar al sospechoso para que diga dónde está la criatura?
Antes de responderlo, vale la pena recapitular que el señalado de la sustracción de la menor es su propio padre, un sujeto de apellidos Casasola Salas, de 33 años. Se presume que él violó y embarazó a su hijastra, cuando tenía tan solo 11 años.
Entonces, según la tesis policial, Casasola raptó a la bebé para evitar que le realizaran una prueba de paternidad, con la cual se comprobaría el ataque sexual.
Volviendo al cuestionamiento supraindicado que ha surgido a lo largo de estos días, William Serrano, juez y magistrado suplente de Sala Tercera, aseguró que la legislación prohíbe cualquier tipo de tortura o de presión hacia un imputado para que confiese un delito.
Y es que no solo es el tema per se de la prohibición, sino que toda prueba extraída mediante tortura física o psicológica se convierte en ilegal. Es decir, si las autoridades hicieran algo semejante, la defensa podría alegarlo y el caso terminaría impune.
“Eso no se puede hacer, ¿por qué? Cualquier prueba que se extraiga por medio de tortura es prueba ilegal. Si él, este momento, es torturado física o psicológicamente esa prueba sería ilegal. Es decir, si lo dejan sin comer hasta que diga dónde está y ya cuando se está muriendo de hambre tres días después dice dónde dejó a la niña y se encuentra, eso sería ilegal. Nunca lo podríamos condenar porque él dijo todo bajo un procedimiento de tortura. Eso es ilegal desde nuestra ley y de los tratados internacionales”, ahondó Serrano.
