Por estar de vacaciones, el Juzgado de Familia de Cartago desatendió la solicitud de una prueba de paternidad en contra del sospechoso de sustraer a una bebé de nueve meses el 9 de abril en Cervantes de Cartago.
Roxana Chacón, magistrada de Sala Segunda y coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, relató esa situación ante los diputados la mañana de este miércoles.
Según dijo, el 23 de diciembre del 2022, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó ante ese despacho la prueba de paternidad porque tenía sospechas de que el padrastro de la menor fuera quien la embarazó. Sin embargo, como ya estaban en cierre colectivo, nadie atendió el caso con urgencia.
“Lamentablemente salimos el 22 de diciembre e ingresó en línea el 23 de diciembre pidiendo una investigación de paternidad y la realización un ADN. Por estar en cierre colectivo, el caso se asumió el 9 de enero”, dijo Chacón.
Es decir, durante dos semanas, la causa estuvo pausada, pese a que dos menores -la mamá adolescente y su bebé de entonces cinco meses- estaban en riesgo.
Ese día de enero, la jueza de Familia de Cartago hizo la solicitud a Medicatura Forense. Sin embargo, explicó Chacón, se enfrentaron con problemas a la hora de notificar al sospechoso, por lo que tuvieron que volver a agendar la prueba.
“Hubo un problema en notificación al obligado. No se pudo notificar e implicó que se tuviera que hacer una nueva convocatoria notificándolo. Esa prueba estaba para la semana pasada (miércoles 12 de abril)”, concluyó.
Antecedente
No obstante, esta no fue la única vez que el Juzgado conoció de situaciones complicadas alrededor.
Chacón mencionó que la primera intervención que tuvo este despacho en el caso fue en el 2022, sin embargo no precisó mes. Dijo que en esa ocasión, fue porque el Patronato había solicitado retirar a la mamá adolescente -quien actualmente tiene 13 años- como a un hermanito de ella, de 10 años.
“Hubo un proceso de protección en sede administrativa presentado por el PANI. Directamente se presentó al Juzgado de Familia una solicitud de protección para menores para que realizara un traslado administrativo de la menor y de otro hermano hacia la tía para su cuido. (…) Fueron seis meses, pero -a solicitud del PANI- el Juzgado avala la devolución de menores”, indicó.
Revisión exhaustiva
La magistrada lamentó que sea a través de estos casos tan “duros” que se tengan que revisar los protocolos de atención.
“Nos encienden las alarmas y es lamentable. Pero estamos entonces en un proceso de revisar todas las actuaciones para implementar los protocolos para garantizarle al país que nunca más un caso de estos volvería a repetirse”, aseveró.
