El sospechoso de sustraer a la bebé en Cartago se expondría a una sentencia más dura, si la ley no eliminara su historial delictivo.
Según una reforma hecha a la Ley de Registro y Archivos Judiciales en el 2017, los antecedentes penales se borran de forma escalonada, dependiendo de la cantidad de años a las que la persona fue condenada.
En este caso que nos ocupa, el sujeto, de apellidos Casasola Salas, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión en el 2012 por venta de drogas en Cartago. Tres años después, en el 2015, cumplió con el castigo.
Pese a eso, él aparece como si nunca antes hubiese cometido un delito. Esto porque la ley dice que las condenas entre cinco y diez años deben borrarse a los tres años de su cumplimiento. Entonces, desde el 2018, él sale completamente limpio.
Esto provoca que, ante cualquier Tribunal, Casasola sea una persona primaria, que es como se le conoce a quienes nunca han enfrentado ningún proceso judicial. Y esto le permitiría, eventualmente, acceder a una condena más baja y hasta a beneficios.
William Serrano, juez y magistrado suplente de Sala Tercera, aseguró que esta es una ley que debe revisarse, ya que deja a ciegas a los jueces a la hora de condenar.
“El fin de la pena en Costa Rica es que la persona se logre resocializar, que aprenda en su tiempo de prisionalización todos los valores que tenemos socialmente. Si esa persona ya esuvo en prisión y no logró interiorizar y no logró reaprender los valores que tenemos como costarricenses, la persona juzgadora podría tomar en cuenta que en este nuevo hecho que comete podría necesitar de un tiempo mayor en prisión”, explicó Serrano.
¿Qué dice la ley?
Exactamente, lo que dice esta normativa es que si un sujeto es condenado a menos de tres años, el antecedente se le borra al cumplir la sentencia; si recibe condena de tres a cinco años, el historial solo estará en registro por un año más. Las penas de cinco a diez años se borran tres años después y las mayores a 10 años se eliminan luego de cinco años.
Si fue sentenciado por crimen organizado, terrorismo u otros delitos gravosos, este se borra después de diez años.
Anteriormente, todos los registros penales -sin importar el delito- desaparecían pasada una década.
Bajo este contexto, explicó Serrano, que esta eliminación también impacta a la hora de hacer la investigación.
“Desde el punto de vista criminológico, de investigación, es importante (…) formar la investigación. Esto simplemente como línea de investigación y que a la hora de borrar los antecedentes, la investigación no permite que el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) tenga acceso a datos que son muy importantes para la investigación”, explicó.
Pero el alcance no queda ahí, sino que si Casasola desea obtener libertad condicional luego de ser condenado, este podría optar por ese beneficio.
“Se debe hacer siempre por parte de Adaptación Social (del Ministerio de Justicia) un análisis de situaciones sociales y jurídicas del individuo. A ellos también les quedaría vedado utilizar cualquier antecedente, ya que no existió porque la ley los borró. Entonces, también a ese nivel de ejecución de la pena, tendría un efecto no esperado”, puntualizó.
Por ello, el magistrado insistió en la necesidad de revisar esta ley que, a su criterio, ayuda a disparar la criminalidad.
