El Instituto Nacional de la Mujer se pronunció hasta este viernes sobre la situación que tiene a Costa Rica en vilo, el caso de la violación de una niña de 11 años y el rapto de su hija de tan solo 9 meses.
“La acción de hoy, responde a una solicitud de apoyo por parte de la Dirección Regional del PANI porque, dentro del proceso de investigación que se ha venido desarrollando, se detectan temas de violencia intrafamiliar y se solicita la participación del personal del Departamento de Violencia de Género del INAMU, para atender la situación”, señala el comunicado del INAMU.
Explican que el protocolo interinstitucional para atender embarazos adolescentes no involucra al INAMU, el PANI atiende, aborda y da seguimiento a los casos cuando es notificado por el centro educativo o centro médico; el INAMU actúa ante una situación de violencia o violación, cuando es referido por alguna institución pública como la Fiscalía, la Fuerza Pública, OIJ, Policía Municipal, centro de llamada del 9-1-1 y, como este caso, el PANI. Además, de solicitud expresa de víctimas o testigos de casos de violencia, situación que en esta oportunidad no sucedió.
Por otro lado, la organización World Vision también se pronunció sobre este lamentable hecho, “como organización hemos leído con atención todas las informaciones que han sido públicas sobre el caso de la adolescente madre de 13 años y su hija de 9 meses, evidencia de la indefensión y violencia de género que pueden vivir las personas menores de edad en nuestro país”.
El comunicado señala: “la situación vivida en Cartago pone nuevamente en discusión cuál es el accionar y la responsabilidad institucional de las entidades competentes, de sus protocolos de atención y de coordinación interinstitucional para desarrollar”.
Esta organización dedicada a atención de menores de edad, insiste que es necesario esclarecer todo este recorrido en los diferentes expedientes y acciones debe centrarse en sentar responsabilidades, si las hubiera, así como la mejora inmediata de los protocolos y de los mejores criterios interpretativos institucionales e interinstitucionales para salvaguardar los derechos de la adolescente, su hija, y otras personas menores de edad que vivan o puedan vivir circunstancias equivalentes.
Además, pide a la población y a los medios de comunicación no referirse a la situación como una relación impropia, siendo que, a la luz de la evidencia y del Código Penal, implica una tipificación de violación o abuso sexual.
