Este jueves finalizó el Diálogo Nacional entorno a la Ley Marco de Empleo Público, el cual organizó el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) con el fin de redactar un proyecto de ley de reforma para subsanar errores y vacíos detectados tanto por el Poder Ejecutivo como por los demás actores involucrados.
Según Laura Fernández, jerarca del MIDEPLAN, hoy entregarán en la Asamblea Legislativa todos los insumos que generaron las mesas de trabajo, como las matrices, el resumen, los puntos de consenso, el resumen de todo el diagnóstico que se hizo, cuáles fueron los problemas detectados en las mesas, etc.
La ministra aseguró que esperan estar presentando el proyecto de ley en los primeros días de mayo.
“El proyecto, las sesiones extraordinarias inician el 1° de mayo, quince días, esa es la expectativa de tiempo que nosotros tenemos. No tenemos tiempo que perder, creo que todos estamos comprometidos con aclarar los temas que esta ley necesita que sean aclarados”, afirmó Fernández.
La jerarca explicó que en muchos puntos hubo consenso total, como en el tema de la continuidad laboral, mientras que en otros no lo hubo.
El Poder Ejecutivo realizó este Diálogo Nacional porque, al igual que en otros actores, considera que la ley fue mal redactada, tiene muchos vacíos que no permiten una implementación adecuada.
“Este proceso cumplió dos propósitos importantes. Uno de los propósitos fue atender dudas, sin lugar a duda el espacio sirvió para que muchos de ustedes pudieran aclarar dudas, porque se tuvo a disposición en este periodo a expertos de Servicio Civil que permitieron aclarar dudas. Otro propósito muy importante y una situación que a mí me llena de alegría como fruto del trabajo de este espacio organizado, fue que pudimos identificar en equipo una serie de artículos donde efectivamente la norma tiene problemas y donde efectivamente de manera responsable hay que presentar las propuestas de solución ante los señores y señoras diputadas”, agregó Fernández.
En el Diálogo Nacional participaron 180 personas de 68 entidades diferentes. Además, contó con 20 observadores, muchos de la Asamblea Legislativa, y fue moderado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz y el Colegio de Abogados.
