“Una área crítica es el Ministerio Público en esa sección, en esa Fiscalía Adjunta (de Anticorrupción), sí le digo que tenemos varios informes que dijimos, bueno, ¿qué pasa con estas recomendaciones que no se cumplen? ¿Qué podemos hacer? Se mandaron a Corte.
“Después de un segundo seguimiento, se origina un proceso disciplinario, que ve Inspección Judicial. Hacemos el traslado y pregúntenos a los auditores qué ha pasado con eso”.
De esa manera, la Auditoría Judicial aseguró que una de sus preocupaciones es la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Dijo que, en “varios informes”, les han hecho recomendaciones que, a la fecha, no se han cumplido. Y, hasta donde saben, no se han sentado responsabilidades por ello.
El auditor judicial, Robert García, hizo ver así ante Corte Plena las limitaciones que tienen una vez que emiten sus informes, porque muchas veces estos pasan sin tener mayor repercusión.
En su informe de labores, detalló que en el 2022 realizaron 95 informes de fiscalización. Allí, se emitieron 658 recomendaciones, de las cuales 112 no fueron aplicadas hasta la fecha o perdieron vigencia. Esto representa un 17% del total.
Señalamiento
Sobre esto, la magistrada Iris Rocío Rojas lo criticó al asegurar que esa Dirección debería ser la encargada de hacer cumplir las recomendaciones que emiten y, en caso contrario, procurar el proceso administrativo correspondiente.
“Si hay que abrir procedimientos disciplinarios, no veo yo que la Auditoría los abra (…) Me parece que es una labor propia de ese departamento que si no se cumplen sus informes, se debe abrir de manera directa los procedimientos como lo hace inclusive la Contraloría General de la República”, señaló.
Ante esto, el auditor insistió en que ellos realizan el trabajo que les compete y que eso se demuestra al ver que cumplieron en un 96.4% con el plan operativo del año pasado.
Lo anterior, dijo, se logró pese a que la capacidad operativa es mínima en comparación con la cantidad de trabajo.
“Cuento con 35 profesionales de auditoría, o sea auditores de campo en un universo auditable de más de 900 oficinas (…) 35 auditores para atender ese universo es muy poco y nosotros tenemos desde hace años, desde el 2011 precisamente, que no tenemos crecimiento”, concluyó.
Sin embargo, agregó, entiende que la situación fiscal del país no está para contratar más personal.
