La regla fiscal ata a la Fiscalía, al punto de que podría poner en riesgo algunas investigaciones.
Así de categórico fue el jerarca del Ministerio Público, Carlo Díaz, cuando los magistrados lo cuestionaron por el rezago de dos o más años que tiene el 21% de los expedientes activos.
Díaz explicó que, actualmente, la falta de recursos tanto en la Fiscalía como en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) genera una imposibilidad de realizar pericias y, por ende, genera retrasos “importantes” en las causas.
Refutó que todo esto se podría evitar si, por ejemplo, la regla fiscal permitiera utilizar el dinero que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) puede destinar al tema de represión.
“Hay pericias que no podemos realizar por falta de recursos específicos tanto en el OIJ como en el Ministerio Público. Son recursos que podemos, por ejemplo, echar mano en este caso del dinero del ICD, que es para uso propio de la represión. Pero no podemos usarlo, incluso, hasta por la regla fiscal que ata al Ministerio Público y eso es un riesgo”, aseveró Díaz.
Eso sí, dijo que por razones de seguridad prefería no exponer abiertamente al público cuáles son esos procesos que no pueden hacer.
“En privado podría hacer ver esos riesgos que tenemos, pero (…) no resulta sano en este momento decir cuáles son esos problemas que tenemos por falta de recursos”, indicó el fiscal ante una pregunta de la magistrada Julia Varela.
Varela le cuestionó si ya había trasladado esta preocupación a la Presidencia de la Corte para que, desde allí, se buscara alguna solución.
“No, actualmente no lo hemos hecho a la Presidencia. Como le digo esta información es muy reciente, estoy hablando de que fue de hace 15 días o menos. Ahí detectamos estos riesgos. Pero claro que sí vamos a tramitarla como corresponde”, apuntó.
Serie de afectaciones
Pero esta imposibilidad de hacer pericias no es la única afectación que tiene el Ministerio Público a consecuencia de esta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Díaz aseguró que la baja en los salarios de los fiscales provoca que ya no sea “atractivo” trabajar para esa entidad.
“Tengo funcionarios muy valiosos que ya se están yendo o ya se han ido para el sector privado. El poder judicial ya no es un incentivo, ya no es tan bonito trabajar aquí como era cuando yo empecé (hace 20 años). Y no lo digo por el dinero, sino por otros incentivos. Lo mejor que podemos hacer es capacitar al personal, que por lo menos sientan que les estamos dando un posgrado en esto”, apuntó el fiscal general.
No obstante, a modo de reflexión, el magistrado constitucional Fernando Cruz aseguró que, por más que se les quiera brindar un buen ambiente laboral, esto no es suficiente para sostener al personal.
“Los salarios de los fiscales -que son tan importantes para el sistema penal- sufrieron un gran deterioro. Yo creo que la Fiscalía no tiene en este momento salarios atractivos para que los jóvenes se involucren”, dijo Cruz.
El alto juez aprovechó para indicar que, si bien tanto la regla fiscal como la Ley de Empleo Público son necesarias para mejorar las finanzas del país, la forma en cómo están planteadas las convierte en un “adefesio”.
