Un juez, de apellidos Leiva Masís, habría alertado de unos allanamientos para así lograr evitar la detención de un grupo narco de Cartago.
Por esos hechos, detuvieron al juzgador -quien trabajaba en el Juzgado Penal de Cartago- la mañana de este jueves en su oficina.
Según la información transmitida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), el mes pasado tanto el Ministerio Público como la Policía Judicial tenían previsto hacer varios operativos en Cartago.
Leiva conocía esa información, por lo que, en apariencia, habría trasladado los datos confidenciales de la diligencia a una tercera persona, que conocía a uno de los integrantes de la banda criminal.
“Esta última, a su vez, lo habría informado a la madre de la persona investigada, con la presunta finalidad de que no se lograra la detención del sospechoso”, se lee en el comunicado que envió el ente fiscal.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ahondó, por su parte, que el allanamiento para desarticular el grupo narco se iba a realizar en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.
Debido a que no se lograron detener, se comenzó una investigación, que permitió establecer que un pariente de uno de los miembros del clan criminal tenía relación con el funcionario judicial.
Por ello, Leiva es investigado por el delito de procuración de impunidad.
Pero en los allanamientos de este jueves también se detuvo a la mamá del sujeto que se buscaba detener en febrero. Es de apellidos Alvarado Solano.
A ella se le atribuye el ilícito de entorpecimiento a la justicia porque, al contarle a su hijo sobre los allanamientos, permitió que este materializara su fuga.
Ambas personas fueron pasadas a la Fiscalía, donde se les tomará la declaración indagatoria. El caso se tramita en el expediente 23-000542-0058-PE.
Proceso interno
En paralelo a esto, la Inspección Judicial -órgano que investiga administrativamente a los funcionarios judiciales- confirmó que abrió de oficio una causa en contra del juez.
Esta pesquisa, que es privada, se tramita bajo el expediente N° 23-000757-031-DI.
La Inspección cuenta con un año para emitir una resolución.
