Los diputados de oposición criticaron la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de paralizar proyectos de inversión, el tema fue tratado en el debate reglado que hubo esta tarde en el Plenario Legislativo.
Los congresistas más preocupados fueron los representantes de las provincias en donde se ubicarán nuevos hospitales y centros de salud.
Las parlamentarias María Marta Carballo y Rosalía Brown lamentaron que hace apenas unas semanas se haya confirmado que ya se tenía disponible el terreno para la construcción del nuevo hospital en la provincia de Limón, para solucionar los problemas de hacinamiento del personal y usuarios del Tony Facio y ahora no se sabe si tendrán que esperar 15, 20 o más años para hacer realidad esta obra.
Carballo lamentó que también se haya suspendido las remodelaciones urgentes que se requieren en el hospital de Guápiles y la construcción del CAI de Talamanca
“No se vengan a lavar las manos, a decir que esto no es una decisión del presidente ni de la presidenta ejecutiva de la CCSS y que es de la Junta, esta decisión es responsabilidad de este Gobierno, además, aquí pesa la incertidumbre que existe, por un lado, el presidente dice que la Caja está quebrada, pero por otro lado la presidente ejecutiva de la CCSS en Comisión aquí no dice claramente si, si está quebrada, si o no; es doloroso esta decisión sobretodo cuando esta decisión afecta a provincias tan necesitadas como la provincia de Limón”, resaltó la diputada social cristiana.
De acuerdo con la administración de la CCSS son cerca de 58 obras de infraestructura que no serán adjudicadas, entre ellas 24 EBAIS, áreas de salud, hospitales nacionales, la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, así como ampliaciones, compra de equipo y mejoras en tecnologías.
Para la diputada frente amplista Roció Alfaro, no es una casualidad que hace pocos meses se haya tomado la decisión de rediseñar la junta directiva de la Caja para ponerla a tono con la visión ideológica del gobierno “y cortaron cabezas”, e hicieron nombramientos ilegales.
Tampoco le parece casualidad que la última acta de la junta directiva que es pública sea de mediados de noviembre del año pasado y lo que pareciera es que hay un mandato de quebrar la Caja por medio de este cierre de proyectos que ya están aprobados y que significarán gran cantidad de demandas.
Por su parte el congresista Daniel Vargas, del partido oficialista, aseguró que dicha medida se tomó después de analizar el informe presentado por el gerente financiero, el asesor económico de la Presidencia Ejecutiva, la Dirección Actuarial y la Dirección de Planificación Institucional, en el que se evidencia la crítica situación que atraviesa la Caja.
“Nada hacemos con hospitales, clínicas y EBAIS sin médicos, personal de salud y personal administrativo. Los gastos de operación, mantenimiento, renovación y sustitución de equipos son muy superiores, incluso en un horizonte de corto plazo, a los costos de infraestructura “, afirmó el parlamentario.
Por su parte, Pilar Cisneros insistió que no se puede hacer inversión sin recursos, y por esta razón, se tomó la decisión de frenar los proyectos, asegura “la Caja está gravemente enferma, producto de años de mala administración”.
