El fiscal general, Carlo Díaz, señaló que uno de los mayores problemas con los que debe lidiar la Fiscalía es con la sobrecarga de trabajo.
Recalcó que, pese a que el personal tiene “toda la buena disposición” de hacer un buen papel, la “excesiva carga” laboral también juega en contra.
El jerarca del Ministerio Público ejemplificó que cada fiscal debe atender, en promedio, a una población de 9.000 personas.
Esa situación se empeora cuando se analiza con más detalle. Según indicó el fiscal ante Corte Plena, de enero a setiembre del año anterior, por cada fiscal auxiliar ingresaron 391 casos.
Eso generó, entonces que, en ese mismo periodo, cada fiscal auxiliar tuviera un circulante promedio de 560 expedientes, lo cual triplica lo máximo deseado.
“La carga de trabajo es excesiva. Por experiencia mía, digo que se deben manejar, como máximo, 150 expedientes por fiscal. Ahorita estamos teniendo más del triple de carga de trabajo deseable”, apuntó Díaz.
En entrevista con este medio, el fiscal mencionó que actualmente trabajan en conocer el dato exacto de cuánto sería una carga “manejable” de trabajo.
“Estamos pidiendo que lo fijen. Parte del trabajo que se hace es eso, pedirle a Planificación y a Tecnología de la Información que nos dé una carga recomendable, pero por experiencia, que una carga manejable entre comillas es de 100 expedientes. Y todavía 100 expedientes es una carga bastante alta”, dijo.
Afectaciones
El problema es que la cantidad de expedientes que tiene que ver un fiscal trae problemas serios, incluso para el funcionamiento de la propia Fiscalía.
El jerarca del Ministerio Público aseveró que los golpea muchísimo, por ejemplo, el tema de las incapacidades.
“Hay fiscales incapacitados, hay fiscales con adecuaciones laborales y hay fiscales con el síndrome de burn out por la alta carga de trabajo. En la mayoría de ellos, estaban con una condición de alta carga laboral”, recalcó.
Por el momento, agregó, no tienen medido el impacto real que tienen este tipo de situaciones en la tramitación de los casos. Aseguró que trabajan para poder tener cuantificada la afectación de las incapacidades, sobre todo porque en muchas de ellas no se puede buscar un reemplazo.
“En algunos casos se puede sustituir, pero si por ejemplo es una incapacidad de menos siete días hábiles no se puede sustituir a una persona y eso afecta al Ministerio Público. Durante esos siete días no hay una persona que esté trabajando en el lugar de la persona que está incapacitada. Eso lo tiene que suplir los compañeros y eso genera mayor carga laboral para los demás”, apuntó.
Para Díaz, intentar buscar la manera de bajar el circulante por fiscal es vital, pero reconoce que no será una tarea sencilla.
