En el 2022, la Fiscalía General desestimó el 84% de las denuncias planteadas en contra de los miembros de Supremos Poderes.
Esto significa que de los 102 expedientes que se resolvieron en ese despacho durante el año pasado, un total de 86 casos terminaron con una desestimación. Esto significa que la causa se cerró sin sentar ningún tipo de responsabilidad.
En cuanto al resto de casos, el fiscal general Carlo Díaz explicó que seis fueron acusados (5%); en ocho se pidió un sobreseimiento definitivo (8%); y dos terminaron con un archivo fiscal. Esto último significa que, en caso de encontrar más pruebas, el asunto se puede reabrir en cualquier momento.
“En total, se resolvieron 102 expedientes. De esos: en trece se investigó el delito de tráfico de influencia; en nueve, el delito de peculado; en 37, el delito de incumplimiento de deberes, y, en 20, el delito de prevaricato”, detalló el jerarca del Ministerio Público.
¿Qué hay?
Entre los casos que la Fiscalía pidió desestimar, cuando ya estaba Carlo Díaz al mando, están al menos dos denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves por defraudación fiscal contra la hacienda pública y tráfico de influencias.
Cuando el Ministerio Público estaba aún bajo el liderazgo de Warner Molina (antes del 31 de octubre pasado), esta pidió la desestimación de una denuncia contra la exdiputada Floria Segreda por el delito de tráfico de influencias.
En aquel momento, Molina justificó que nunca se logró encontrar pruebas sobre que la excongresista hubiera influido, aprovechándose de su cargo como diputada, para frenar un embargo en su contra que había sido ordenado por un estrado judicial.
Por ser de tratamiento especial, una vez que la Fiscalía hace el requerimiento conclusivo, lo envía a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Allí definen si acogen o no la solicitud fiscal.
