Los magistrados ven con buenos ojos el proyecto de ley que propone que los notarios públicos realicen cobros judiciales, ya que esto ayudaría a liberar los congestionadísimos despachos civiles. Sin embargo, consideran que hay que mejorar la iniciativa.
A esa conclusión llegaron los altos jueces tras una intensa discusión sobre la incidencia que tendría el proyecto de ley N° 23.140, llamado Ley de Procedimientos de cobro en sede notarial, sobre el funcionamiento y organización de la Corte Suprema de Justicia.
Esta iniciativa -presentada en octubre pasado- pretende modificar el título sexto del Código Notarial para que los notarios hagan esos procesos cobratorios. Es decir, que esta tarea ya no esté a cargo de los jueces de esa materia.
Como parte del proceso, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa le pidió criterio a la Corte, por lo que la magistrada suplente de Sala Primera, Ana Vargas Vargas, estuvo a cargo del análisis.
Ella concluyó que -si bien hay una buena intención- la reforma tiene una serie de problemáticas que afectarían a la Corte.
Un total de 18 magistrados aprobaron el informe de Vargas; uno votó en contra y otro se abstuvo de emitir criterio. Con esto, se enviará un documento donde se dejará claro que el proyecto se ve con buenos ojos porque ayudaría a paliar la mora judicial, pero que requiere de unas cuantas mejoras.
¿Cuáles son los problemas?
A febrero, el circulante nacional de todo el Poder Judicial era de 1.495.045 expedientes. De ese total, 807.451 legajos corresponden a cobro judicial, lo cual significa un 54.1%.
Esas cifras -dijo la magistrada Vargas Vargas- hacen que esta reforma sea “urgente y necesaria”, porque ayudaría a disminuir ese circulante. No obstante, esta iniciativa no “genera una desjudicialización total, sino parcial, porque se prevé siempre la intervención o participación de juzgados civiles en los procesos”.
Ejemplo de ello es que se crean nuevas competencias para esos despachos judiciales, ya que el proyecto estipula que allí se deben resolver procesos de apelación de lo dictado por el notario.
“Esas nuevas competencias llevarían aparejado una serie de cambios y reestructuraciones a lo interno de los despachos que puede traducirse en un recargo en funcionarios ya nombrados o bien en la creación de plazas adicionales para atención de esos nuevos requerimientos (…) Pero todo esto presupone erogaciones económicas no previstas”, recalcó Vargas.
Preocupación
Esa exposición generó preocupación en Orlando Aguirre, presidente de la Corte.
Él puntualizó que uno de los puntos que hay que analizar es que el proyecto no fija las tarifas que cobraría el notario por esta labor. Esto estaría a cargo del Colegio de Abogados y Abogadas.
“Es una fijación hecha gremialmente y las fijaciones gremiales tienen problemas y lo tienen actualmente. El costo del notariado es elevadísimo (…) En relación a esto, ¿quién paga eso? ¿El acreedor o lo paga el deudor?”, cuestionó el jerarca.
Asimismo, mencionó que hay que definir también cómo y quién va a controlar la actividad notarial. “La Dirección de Notariado es la que se supone que debería hacerlo, pero nos dan ese control a nosotros, porque dice que el juez debe revisar la legalidad y eso me parece un poco complicado”, recalcó Aguirre.
Una vez que él mencionó eso, la magistrada Rocío Rojas de inmediato mostró su apoyo a Aguirre. Ella dijo que, si bien considera que el proyecto afecta positivamente a la Corte, le preocupa que la legalidad recaiga sobre el juez.
Apoyo total
La alta jueza y vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas, insistió en que, si bien tiene detalles para corregir, el proyecto supone una manera de bajar la mora judicial en esta temática.
Vargas dijo, por ejemplo, que la vista de apelaciones no significaría un “mayor problema” si se toma en consideración que el circulante de los Juzgados bajaría “considerablemente”. Es decir, que sí tendría capacidad para resolver en alzada.
“Un estudio que hay deja ver que la tasa de oposición es del 2% (…) Entonces, de ese 54.1% que estamos tramitando, únicamente vendría en apelación el 2% de esos asuntos. Es decir pasaríamos de ver 51% de casos a un 2%; esto significa una disminución en cargas de trabajo en esta jurisdicción que no tiene capacidad de crecer”, explicó.
Aguirre la refutó y dijo que no creía que solo un 2% recayera en el sistema, porque “estamos hablando de que son procesos de impago; la gente no quiere pagar”.
