Las limitaciones que tiene el Organismo de Investigación Judicial en cuanto al personal ralentiza el avance de la investigación del mediático caso Cochinilla.
La aseveración la hizo el fiscal general Carlo Díaz en entrevista con este medio, cuando se le consultó por una actualización de los grandes procesos de corrupción que se tramitan actualmente.
El jerarca dijo que la Fiscalía de Anticorrupción, Probidad y Transparencia (FAPTA) ha trabajado “con amor y cariño” este caso, que investiga una supuesta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad, la cual generó un déficit que inicialmente se dijo que rondaba los ¢78.000 millones, entre 2018 y 2020.
En este asunto, los imputados más importantes son los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerdas, dueños de H. Solís y Meco, respectivamente.
“Tuve una sesión de trabajo con fiscales de este caso (a finales de febrero). Terminé muy complacido por el avance del mismo. No digo que se está terminando, pero compañeras le han puesto amor y cariño y se han esforzado y trabajado de una forma muy profesional”, acotó.
Sin embargo, recalcó, por más esfuerzo que se ha hecho, la falta de personal del OIJ hace que todo se ralentice. Ejemplificó que deben esperar hasta mediados de este año para que la Policía Judicial abra evidencia tecnológica, entre la cual hay celulares y computadoras de implicados.
Hasta tanto eso no se haga, agregó, la Fiscalía queda atada de manos, ya que es necesaria esa apertura para seguir avanzando con el expediente.
“Dependemos no de nosotros, dependemos de prueba que tiene que analizar el OIJ. En ese caso tenemos en espera aperturas de evidencia tecnológica. Está para mediados de año. Pero son pruebas bastante grandes. Uno los relaciona o intenta medir con un caso ordinario, pero esto no es así.
“Este caso tiene mucha prueba que requiere de mucho análisis y eso se contrasta con que el propio OIJ tiene sus limitaciones en cuanto a personal. En este caso, eso es lo que estamos esperando, dependemos del OIJ”, puntualizó.
