La reforma laboral fue aprobada el 9 de diciembre del 2015 pero comenzó a regir el 25 de julio del 2017, con lo que se garantizó representación legal y gratuita a las personas trabajadoras en los procesos judiciales.
Desde entonces, la Defensa Pública atendió 423.648 personas trabajadoras, Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública aseguró que este acompañamiento representó una reducción de las barreras que generaba desigualdad en el acceso a la justicia laboral de las personas más vulnerables del país.
Solo en el año 2022, la Defensa Pública atendió 16.658 casos, 9.364 hombres y 7.293 mujeres. De ellos, 975 adultos mayores, 392 menores de edad, 344 personas con discapacidad, 2.404 personas migrantes, 152 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como 85 personas indígenas.
Principalmente atendieron casos de cobros de horas extras, despidos injustificados y mujeres embarazadas.
74 funcionarios de la Defensa Pública ofrecen la asesoría y acompañamiento en materia laboral en todo el país, este servicio se brinda a todas las personas trabajadoras que ganen menos de ¢806.800.
También ofrecen el servicio a quienes sufran los siguientes supuestos:
- Discriminación en el empleo
- Mujeres despedidas en estado de embarazo o en lactancia
- Que sufren o han sufrido hostigamiento sexual
- Un riesgo laboral
- Se les haya denegado el disfrute de una pensión
- En despedidos sin el debido proceso en los lugares que existe un procedimiento administrativo para el despido
- A familiares de personas trabajadoras fallecidas
- Que están siendo acusadas de cometer una infracción a las leyes de trabajo o previsión social
- A menores de edad
San José, Cartago y Alajuela fueron las provincias con mayor cantidad de casos atendidos en el 2022.
