La ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense protege a los niños víctimas de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, pero deja indefenso al docente o persona que es acusado.

Los diputados de la comisión especial de educación presentaron una reforma a esta ley, ya que consideran que violenta el principio de inocencia y el derecho de defensa, ya que se parte de la culpabilidad del acusado, al punto que, con solo una denuncia, a esa persona se le reubica.

La ley tiene varios vacíos, como que no estable con claridad el procedimiento de defensa de la persona denunciada.

Los diputados de la comisión especial de educación trabajaron en la modificación debido a un llamado de los sindicatos, que consideran que hay mucha incertidumbre y preocupación entre los docentes.

“Los derechos humanos nunca deben contraponerse entre sí, que tan derecho humano es la protección de los menores, como los derechos laborales que también son efectivamente derechos humanos”, explicó Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio.

Además de velar por la legítima defensa del acusado, también incorpora la figura del acoso u hostigamiento sexual o cualquier otra conducta tipificada como delito sexual por el capítulo de delitos sexuales del Código Penal que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas. Además, define las figuras del maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual y trato corruptor, ya que el texto original de la ley no lo hace.

 

 

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