En el 2015 el transporte de personas vivió una revolución con la llegada de Uber. Por primera vez, los taxistas y los llamados piratas se unieron en contra de una aplicación que ofrecía ventajas a chóferes y usuarios y, que, además, no contaba con legalidad en Costa Rica.
Casi ocho años después, la regulación de estas plataformas parece estar cerca. El Poder Ejecutivo anunció que este mes de febrero presentarían el proyecto de ley que busca, en palabras del ministro de transportes Luis Amador, poner a los diferentes actores a competir en las mismas condiciones.
Según Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, se están en los últimos detalles, luego de socializarlo con los actores implicados.
El proyecto de ley se ha discutido con varias asociaciones de taxistas y con las empresas Uber y Didi, las cuales cuentan con la mayor cantidad de chóferes.
La propuesta busca que estas empresas y los conductores paguen impuestos y las cargas sociales correspondientes, entre otros detalles que aún no han sido revelados.
El jerarca del MOPT ha reiterado que se debe regular el transporte privado que ofrecen estas empresas, a pesar de que hay grupos de taxistas que pretenden que se bloqueen estas aplicaciones.
