Tres nuevas denuncias por presunta defraudación fiscal fue lo que la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda remitió esta semana al Ministerio Público.
Según la entidad, la primera denuncia corresponde a una presunta defraudación que supera los cinco mil doscientos millones de colones. Se trata de una empresa que integra un grupo multinacional que trianguló operaciones utilizando una empresa domiciliada en un país con el que Costa Rica tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición.
El segundo caso se denuncia expone una presunta evasión de impuestos cercana a los mil millones de colones, en donde se refiere a una empresa que forma parte de un grupo transnacional, la cual se presume manipuló transacciones entre compañías con el aparente propósito de ocultar la distribución de utilidades hacia su beneficiaria final.
El tercer expediente presentado se refiere a una presunta evasión de impuestos superior a los seiscientos cincuenta millones de colones, por parte de una empresa a la que luego del proceso de fiscalización y mediante el cruce de información financiera, se le determinaron ingresos gravados muy por encima de los declarados ante la Administración Tributaria.
“Asumimos el compromiso de denunciar el fraude fiscal y lo estamos haciendo, estas seis denuncias marcan el inicio de un cambio en el accionar del Ministerio de Hacienda en su lucha contra la evasión de impuestos. Estamos reforzando nuestros equipos fiscalizadores, maximizando nuestra coordinación con las autoridades judiciales y siendo más rigurosos con las investigaciones y su sustento, para lograr la mayor efectividad posible con las denuncias presentadas por la Dirección General de Tributación ante el Ministerio Público”, aseguró Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda.
Con estas tres denuncias, ya suman seis los expedientes que ha remitido la presente Administración al Ministerio Público en menos de un año, y asciende a 117 el total de casos que ha presentado la Dirección General de Tributación ante la Fiscalía en los últimos 22 años, por el presunto de delito de defraudación fiscal, el cual se castiga con la pena de prisión de cinco a 10 años.
