En el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos incluye, entre sus recomendaciones, eliminar la exención a los ingresos de las cooperativas.
“También se debe considerar empezar a gravar los ingresos de las cooperativas, que permanecen exentas a pesar de que algunas de ellas son grandes corporaciones, gozan de protección comercial y condiciones de monopolio en mercados clave”, cita el estudio.
El presidente Rodrigo Chaves aseguró que es un tema que están valorando, pero que aun no han tomado una decisión al respecto. El mandatario explicó que han prevalecido intereses para mantener la exención, y que incluso, hubo una oportunidad para eliminar el beneficio, pero que esos mismos intereses provocaron que no se diera cuando se aprobó la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“La OCDE, el Fondo monetario internacional, y todos los organismos, dicen que ellos no entienden porque costa rica les da una exención tributaria a empresas que son transnacionales en algunos casos. Yo les explico que eso fueron tratos políticos de gobiernos anteriores, partidos políticos representados en el Congreso, y que nosotros continuamos evaluando esa posibilidad. Hubo un desperdicio de oportunidad durante la elaboración de la ley 9635, donde al principio se había dicho que se iba a quitar esa exención, y precisamente por razones políticas que todos conocemos, quién contribuye a qué partido, etc., al final terminó saliendo. Estamos valorando y pronto decidiremos si esa es una medida que vamos a proponer al Congreso”, explicó Chaves.
Posición del cooperativismo
Consultamos al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) acerca de este tema; su secretario ejecutivo, Geovanny Villalobos, dijo que la intención de eliminar la exención a las cooperativas no es nueva, que se ha dado en otros gobiernos y que espera que no se dé, ya que consideran que atenta contra la Constitución Política y afectaría a miles de costarricenses.
“Yo esperaría que esto no suceda así por una razón muy sencilla: el cooperativismo tiene rango constitucional, el artículo 64 de la Constitución Política dice que el Estado promoverá el cooperativismo. La única promoción que le está dando en este momento es una exoneración en el pago de renta, porque todos los demás impuestos se pagan”, explicó Villalobos.
El Secretario de CONACOOP dijo que los asociados a los cooperativas pagan impuesto de renta por los excedentes que reciben anualmente.
El cooperativista agregó que un nuevo impuesto al movimiento tendría un impacto negativo en sus asociados y en las personas que son beneficiadas por la acción de las cooperativas, como la labor que realizan en 80 Ebáis del país. Además, aseguró que, en el caso de las cooperativas que brindan servicios públicos, verían un aumento en las tarifas.
“Las tarifas en las cooperativas de electrificación las fija la Aresep; si hubiera que pagar renta, obviamente eso iría directamente hacia la tarifa, con lo cual se vendría a encarecer el precio al usuario final”, agregó Villalobos.
Este miércoles en la Asamblea Legislativa, dos diputadas del Partido Liberación Nacional se pusieron de lado de las cooperativas, e incluso, pusieron en duda el conocimiento de la OCDE sobre la legislación en torno a este movimiento.
“Quiero señalar que posiblemente haya un desconocimiento sobre la figura que usa Costa Rica. En este país a las cooperativas se les deducen cargas parafiscales, estas cargas se convierten en política pública destinada a proteger integralmente a las personas más vulnerables, ya sea a través de prestaciones de dinero, atención médica y otros beneficios sociales. Si eliminamos esto, provocamos que la riqueza se concentre en determinados grupos y abandonamos a quienes más lo necesitan”, aseguró Paulina Ramírez, quien además es la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Su compañera, Monserrat Ruiz, exclamó que las cooperativas deben de ir a la Asamblea Legislativa a explicar su impacto en las comunidades y el aporte que dan al país.
