Nota elaborada con información recopilada por el periodista Andrés Ortiz
Los múltiples hechos de violencia que se han registrado desde hace ya varios años en el país -pero que se han incrementado en este 2023- mantienen preocupados a los diferentes actores en materia de seguridad.
El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, es uno de ellos. Después de sostener este martes un encuentro con la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados, él aseguró que, si bien puede sonar trillado, la cura está en la prevención.
“Estamos rodeados de pobreza, de tugurios, de desigualdad, de gente que no tiene acceso a educación ni a un trabajo, de jóvenes que están en nada o más bien casi que entregados a temas de drogas (…) Si no hacemos nada en serio y real en los temas que originan las causas, seremos un Estado fallido en temas de seguridad”.
Con él coincidió el magistrado constitucional Fernando Cruz, quien también formó parte de ese encuentro. A su criterio, el escenario no es nada alentador, ya que “hemos perdido el rumbo y por eso andamos como estamos”.
Aseguró que las fórmulas económicas que se han implementado en los últimos años “no han servido para hacer una sociedad más justa ni distribuida. Los temas de vivienda pasaron a ser una última prioridad”.
El abogado y coordinador de la Comisión, Roberto Méndez, aseveró, por su parte, que las pocas posibilidades que existen actualmente son factores determinantes para el aumento en la inseguridad.
“Cuando se habla de miseria, de poca inversión a nivel social, de pocas oportunidades (…) hay que atacarlo. En un estado de derecho, se necesita priorizar las necesidades y enfocarse con recursos necesarios para atacar el problema”, dijo.
Limitantes
Pero, para Cruz, es claro que paliar esta ola de violencia no es cosa sencilla, ya que hay dos contradicciones que lo limitan.
Lo primero es que no se le da recursos a las autoridades policiales; lo segundo, es el impedimento que hay para crecer en cuanto a personal por el tema de la regla fiscal, que llegó para ajustar presupuestos.
“La regla fiscal es como una camisa de fuerza que tiene una actitud -que no sé cómo calificarla. Podrá decirse que es economicista del ordenamiento: si no crecimos tanto, los servicios quedan obsoletos.
“Entonces, eso genera que si necesitamos más policías en estos lugares, ah pues no, porque la regla fiscal dice que no”, señaló.
Propuesta
Entonces, además de valorar hacer cambios suficientes para poder dotar de dinero a las diferentes policías del país, el magistrado Cruz dijo que sería de mucha utilidad crear una oficina de política criminal.
Según explicó, allí se encargarían no solo de tener las estadísticas más a mano, sino de estudiar y entender las tendencias, así como de determinar el derecho comparado. Esto. agregó, permitiría casi que en tiempo real poder entender porqué se da un problema en una zona específica.
“Actualmente, pasa un problema y hay que empezar a ver qué fue lo que pasó y eso ralentiza todo. Entonces esto nos permitiría que, cuando se den problemas, no tengamos que buscar la causa, sino que ya la tenemos y la atacamos”, dijo.
Como parte de la propuesta, mencionó que esto podría funcionar en el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud) y “no se necesitaría a más de diez personas dedicadas a esto en tiempo completo”.
“Le harían un favor al país”, concluyó.
