Nota elaborada con información recopilada por el periodista Andrés Ortiz
“Si (los grupos criminales) llegaran a convencer (a los jóvenes) de que no van a ir mucho a prisión (en caso de ser atrapados por la Policía cometiendo un delito), esto podría ser un ‘incentivo’ para ellos. Pero me parece que el contexto es peor: No creo que (los menores) tengan ni siquiera la consciencia de que podrían terminar en prisión”.
Con esas palabras, Rafael Segura, magistrado coordinador de la Subcomisión Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, mostró su preocupación ante la creciente participación de jóvenes entre los 12 y los 18 años en asuntos delictivos, que van desde robos hasta homicidios y narcotráfico.
“Se ha hecho como norma aprovecharse de los menores”, recalcó el alto juez, que integra de forma temporal la Sala Tercera.
A su criterio, los menores acceden a involucrarse en estos asuntos porque, para ellos, la cárcel es un tema lejano. Podría ser, incluso, que piensen que por su edad no los pueden enviar a la cárcel.
Sin embargo, la Ley de Justicia Penal Juvenil estipula que quienes sean mayores de 12 años y menores 15 de años se exponen a una pena máxima de 10 años de internamiento. Mientras que, para el grupo etario mayor de 15 años y menor de 18, la sanción máxima es de 15 años de encarcelamiento.
“Convencionalmente, constitucionalmente y legalmente hay una diferencia en el procesamiento, pero esto no quiere decir que no haya responsabilidad en Costa Rica de la comisión de algún delito, inclusive de contravenciones”, señaló Segura en entrevista con este medio.
Eso sí, es claro que sí hay diferencia en la manera en cómo se juzgan en contraste con los adultos. Es decir, esta ley especializada no impone un límite mínimo y máximo de sanción por cada delito, por lo que el juzgador debe analizar cada caso puntual para definir el reproche.
Otra diferencia que hay es que la legislación no permite que se haga ninguna anotación en la hoja de delincuencia, lo cual impide el reproche por un tema de reincidencia.
“Sin embargo, debo ser muy sincero y es muy probable que si los jueces ven que el muchacho que tienen al frente ha pasado una y otra vez, le van a poner la sanción mayor y no la menor”, admitió.
Pocas oportunidades
A raíz del aumento en la participación de menores en hechos delictivos, mucho se habla de la posibilidad de endurecer la Ley Penal Juvenil.
Sobre esto, Segura aclaró que, para empezar, Costa Rica es el país latinoamericano con las sanciones más severas en esta materia. Por ello, considerar aumentarlas sería, de cierta manera, perjudicial.
Para él, el verdadero cambio se sentiría no siendo más represivo, sino siendo más preventivo.
“El problema que existe es que hay carencia de oportunidades a nivel social para esos jóvenes y por eso, fácilmente se involucran en el crimen organizado o en crimen de delincuencia común”, dijo, al tiempo en el que añadió que hace falta promover el deporte y la educación.
En los casos de los menores que ya están dentro del sistema judicial, mencionó, sería importante buscar darles oportunidades para evitar que, cuando cumplan su sanción, recaigan.
“El sistema penal y penitenciario es empeorar a la gente que allí ingresa. Como esa es la solución que tenemos y debemos admitirlo, entonces (…) como sociedad hay que darles opciones a los jóvenes”.
A modo de ejemplificar, Segura aseveró que era inadmisible que, en el Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ, única cárcel de menores en el país), existan diez muchachas deseosas de poder estudiar y trabajar, pero sin tener ninguna posibilidad de hacerlo.
“¿Qué hace esto? Que no existan verdaderas oportunidades de salir a encontrar algo diferente”, lamentó.
