El fiscal general, Carlos Díaz Sánchez, calificó como una “deuda histórica” el no tener una Ley de Ejecución de la Pena, cuyo mayor énfasis debería ser el regular el otorgamiento de beneficios carcelarios a los reos.
Por ello, aseguró ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que era “necesario” promover una iniciativa en ese sentido, ya que las tres que se han impulsado en años recientes no han logrado su aprobación.
“En la fase de ejecución hay una gran preocupación. Tenemos una deuda histórica que está ligado a la regulación de ese tema. Actualmente el Código Procesal Penal (CPP) regula ese tema de una manera muy somera y eso no puede seguir así”, criticó Díaz.
Cambios
Principalmente, dijo, era importante que dentro de ese nuevo proyecto se entrara a limitar las potestades que tiene actualmente el Instituto Nacional de Criminología (INC).
Este es el ente adscrito al Ministerio de Justicia encargado de otorgar beneficios carcelarios, los cuales consisten en sacar a reos de cárceles y reubicarlos en centros semiabiertos. Ahí, los privados pernoctan entre uno y cinco noches a la semana, dependiendo de lo dispuesto).
Consideró que estas potestades del INC están al “margen de la ley”.
Díaz ejemplificó que, cuando él era fiscal adjunto de Ejecución de la Pena, conoció de un caso de un sujeto que fue condenado a 20 años de prisión, pero no descontó ni dos en la cárcel. “No fue porque un juez se la otorgó, sino porque aplicó para un beneficio penitenciario”.
También rememoró otro caso: “Teníamos a un sujeto que, a nivel jurisdiccional se le rechazó tres veces la libertad, pero resulta que va al INC y ahí lo reubican en un centro semiabierto. El trabajo del juez se perdió porque siempre consiguió salir en libertad”.
Lo más preocupante, insistió Díaz, es que al revisar un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se percataron de que existía un “alto nivel” de reincidencia de los reos reubicados. Es decir, que quienes obtienen el beneficio suelen volver a cometer delitos.
Eso sí, Díaz no dio cifras puntuales para conocer en cuánto asciende ese porcentaje.
Trabajo legislativo
El fiscal apuntó que conoce de un fallo de la Sala Constitucional -cuya fecha ni número de voto se desconoce- que daba seis meses a la Asamblea Legislativa para formular una ley en este sentido.
“Sin embargo, ese plazo ya fue superado y aún no la tenemos”, lamentó.
En cuanto al proyecto de ley que hay actualmente para tener una Ley de Ejecución de la Pena, especificó que este no es el que se necesita en la actualidad.
Para empezar, insistió, no se contemplan modificaciones a las potestades del INC, que es la mayor crítica que hacen en la Fiscalía en todo este tema de libertades a reos.
“Lo criticamos bastante porque este proyecto no viene a regular el régimen semiabierto, que es lo que se necesita”, apuntó.
Por ello, en el tanto se resuelva esto en la corriente legislativa, Díaz formuló una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional para evitar que el INC continúe dando beneficios carcelarios. Actualmente, los magistrados estudian lo planteado.
