“Cuando un juez ordena una pena de cárcel se tiene que cumplir y ahora no se cumple porque el INC (Instituto Nacional de Criminología, del Ministerio de Justicia) no lo permite (al sacar a reos de la prisión y reubicarlos en un régimen semiabierto)”.

Con esa fuerte aseveración, el fiscal general Carlo Díaz enfatizó en la necesidad de regular los otorgamientos de beneficios carcelarios a reos. A su criterio, el INC está “invadiendo la labor propia de los órganos jurisdiccionales, ya que son los jueces y juezas los únicos que deben dar ese tipo de libertades”.

Incluso, mencionó que ese Instituto se toma atribuciones tan “delicadas” como decidir si una persona de primer ingreso al sistema penitenciario se queda o no descontando su condena en prisión.

“Cuando alguien entra a la cárcel, se dan valoraciones iniciales por parte del INC. Ahí, ellos determinan si la persona ingresa al centro penal o no. Entonces hay personas con sentencias que ni siquiera han entrado a una cárcel”, señaló.

Por esas situaciones es que el fiscal recalca que se debe trabajar en una Ley de Ejecución de la Pena que limite las potestades del INC en esos aspectos.

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¿Cuáles competencias debe tener?

Entonces, partiendo de esas eventuales limitaciones a ese ente, la diputada Dinorah Barquero le consultó: “¿El INC debe desaparecer?”.

Carlo Díaz fue enfático: “No”. Justificó su respuesta al decir que su labor debe enfocarse a emitir criterios técnicos que ayuden a los jueces de Ejecución de la Pena a decidir si un reo merece o no la libertad condicional.

“Es un criterio importantísimo y técnico de esas personas. No debe desaparecer, no. Ellos deben dar los informe que requieren las personas juzgadoras, porque así lo estipula la legislación. No deben desaparecer; deben cumplir con su función”, exclamó.

Sin embargo, Dinorah Barquero le refutó que, entre las competencias del INC, está justamente el reubicar a personas en regímenes menos cerrados, como el semiinstitucional o el Programa Comunidad.

Díaz le explicó que esas atribuciones se las da el artículo 15 del Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación Social al INC, lo cual puede “ser cambiado en cualquier momento”.

Agregó que un tema tan delicado no puede estar definido en un reglamento, sino que, insistió, debe estar reglamentado por ley.

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