A pesar del intento del Frente Amplio de mantener vivo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, llamado “Acuerdo de Escazú, este quedaría archivado hoy.
Las fracciones de Progreso Social Democrático, Unidad Social Cristiana y Nueva República, ya hicieron pública su negativa a extenderle el plazo cuatrienal al acuerdo que firmó Costa Rica en el 2018. El proyecto para la ratificación fue votado afirmativamente en febrero del 2020, pero este 1° de febrero se le acaba el plazo sin que se haya votado en segundo debate.
El Partido Liberal Progresista también votaría en contra de la moción que presentará el Frente Amplio para extenderle el plazo, y, salvo sorpresas, gran parte de Liberación Nacional tampoco lo apoyará.
¿Qué busca el acuerdo?
El objetivo es garantizar la implementación efectiva de derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Además, cada país que lo ratifique debe tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida.
Para el Frente Amplio, firmar el acuerdo es mirar hacia el futuro. Además, aseguran sus diputados, que no se puede pensar en economía si antes no se piensa en el medio ambiente.
“Si en el pasado tuvimos la inteligencia colectiva para poner la mirada adelante, más allá de los árboles, mirando el bosque, con inteligencia que mira a mediano y largo plazo, no solo el barullo del día a día. No podemos dar esa señal diputadas y diputados, de ser un país que sea preciado por tener una legislación en materia ambiental de avanzada, que vaya a echar por la borda un acuerdo regional que busca justamente proteger los derechos de la gente para defender ese derecho que reconoce nuestra Constitución Política de tener un ambiente sano”, defendió Jonathan Acuña, jefe de la banca frenteamplista.
¿Por qué el Gobierno y otras fracciones se oponen?
Las razones principales son dos: por un lado, consideran que en la legislación costarricense ya existen leyes que contemplan lo que promueve el Acuerdo de Escazú; por otro, quienes lo adversan aseguran que va en contra de la economía del país.
Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, aseguró en una entrevista al diario El País de España, que firmar el acuerdo es inconveniente porque puede trabar proyectos de inversión, como carreteras.
“Costa Rica tiene ya una legislación ambiental y de derechos humanos suficientemente amplia. El acuerdo de Escazú muchos sectores lo ven como no necesario. Eso no es el caso en otros países latinoamericanos y por eso el apoyo al Acuerdo está tan promovido no sólo por los países que lo adoptan sino por la cooperación internacional que lo ha promovido. Costa Rica creo que no lo está necesitando en este momento”, explicó el jerarca.
Con él coincide la bancada socialcristiana, que afirma que los elementos que contempla el acuerdo ya están incorporados en la legislación costarricense.
“Una nueva ley complicaría el desarrollo económico en momentos donde se necesitan acciones concretas para dinamizar la economía, generar empleo y apoyar al sector productivo”, explicaron los socialcristianos en un comunicado de prensa.
Hoy se discutirá y se votará la moción para ampliar el plazo. Como fue en días atrás, se espera que organizaciones ambientales muestren su apoyo en la barra de público de la Asamblea Legislativa.
