El expediente en el que se investiga la mediática Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) fue acusado en febrero del 2022; sin embargo, a la fecha, el proceso no ha avanzado y esto obedece a un cambio en las circunstancias que lo rodean.
Antes de entrar en materia, cabe resaltar que en ese legajo los encartados son Carlos Alvarado, quien fue presidente de la República entre 2018 y 2022, y el entonces diputado Víctor Morales Mora. Se les persigue por los presuntos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad.
Como ambos perdieron la inmunidad en mayo del año pasado, ese expediente -que ya contaba con acusación y estaba en Sala Tercera (cámara que resuelve casos que involucran a miembros de los Supremos Poderes)- fue devuelto al Ministerio Público para que se tramitara por la vía ordinaria.
El legajo fue pasado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la cual confirmó ante consulta de este medio que allí lo retendrán hasta que se indague tanto al expresidente como al exlegislador.
Explicó que esto no se trata de un retroceso, sino que es parte de lo que se debe hacer cuando un proceso pasa de ser especial a ordinario.
“En el procedimiento especial (…) el Ministerio Público no tiene la posibilidad de tomar declaraciones indagatorias a personas con inmunidad. Por esta razón, en febrero del 2022 -cuando el señor Alvarado y Morales eran presidente de la República y diputado- la causa se trasladó con acusación a la Sala III, donde debía realizarse el trámite correspondiente.
“Sin embargo, una vez que estas personas dejaron de ocupar sus puestos, lo que correspondió fue continuar el trámite del caso por la vía ordinaria, donde la Fiscalía sí tiene la posibilidad de tomar declaraciones indagatorias a las personas investigadas”, apuntó el ente fiscal en un correo enviado.
Defensa de Alvarado: Deben promover acusación planteada; no hacer otra
Ante esta situación, la defensa de Alvarado rechazó el proceder de la Fiscalía, al insistir en que si ya existe una acusación, esa es la que se debe promover. Es decir, no investigar más ni hacer otra.
“Ahora que pretende modificar la acusación argumentando que Carlos Alvarado por dejar de ser presidente, debe plantear una nueva acusación. Esto es falso e improcedente. Si la Fiscalía acusó objetivamente debe promoverla, sino debe solicitar su desestimación”, aseveró el abogado.
Asimismo, apuntó que esto no se trata de que Alvarado no afronta un eventual juicio, sino de que no se “desnaturalice el proceso penal”.
“Si hay que ir, Alvarado dará las explicaciones del caso ante los Tribunales seguro de no haber cometido ningún delito”, recalcó.
Hechos acusados
Según la pieza acusatoria presentada ante Sala Tercera, el 14 de octubre del 2019, Carlos Alvarado Quesada y Víctor Morales Mora, ambos en ejercicio de sus funciones públicas, suscribieron el Decreto Ejecutivo 41966-MP-MIDEPLAN, llamado Creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Esto lo habrían hecho en conjunto con Luis Daniel Soto Castro, entonces ministro a.i. del Ministerio de Planificación (Mideplan). A él se le persigue en una causa aparte (22-000007-033-PE).
La polémica se centraba, principalmente, en el artículo 7 de ese decreto. Allí, se obligaba a las instituciones de la Administración Central y Descentralizadas a dar acceso a datos confidenciales de la ciudadanía a la UPAD.
La Fiscalía reprocha que esta actuación fue contraria a la Constitución Política y a la ley, ya que, recalca, el artículo 24 de la Constitución Política resguarda el derecho fundamental a la intimidad.
También la acusación señala que los imputados violentaron la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y la Ley de Registro, Examen y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.
Por todo lo anterior, el Ministerio Público consideró que los acusados abusaron de sus cargos al endilgarse facultades no concedidas. Agregó el ente fiscal que eso fue una “clara” violación de los deberes de la función pública y el deber de probidad.
