La Inspección Judicial abrió una causa disciplinaria para investigar las actuaciones del Ministerio Público en torno al supuesto ‘megacaso’ de evasión fiscal que involucra al banco BCT.
La información fue confirmada por el propio Poder Judicial, el cual indicó que ese alto Tribunal aperturó de oficio la causa N°. 23-000216-031-DI. Señaló que esta es para “investigar lo sucedido en torno a las declaraciones de ayer del presidente de la República (Rodrigo Chaves) sobre el Ministerio Público”.
Agregó que el objeto de la investigación es determinar si realmente existió el conflicto de interés expuesto ayer por el mandatario, quien reprochó que la fiscala no se inhibiera, pese a que supuestamente conocía a Leonel Baruch, presidente del BCT. Asimismo cuestionó el “tiempo récord” con el que se resolvió el caso.
Por su parte, la fiscala desmintió que existiera ese conflicto de interés.
Inspección Judicial cuenta con un año, a partir de abierta la investigación, para dar su veredicto sobre el asunto. Cabe resaltar que lo que aquí se disponga no es vinculante con la investigación penal.
Un recuento
Chaves dijo este miércoles durante una conferencia de prensa que dudaba de la labor realizada por Criss González Ugalde, fiscala adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, quien solicitó la desestimación del caso de evasión. Esta petitoria debe ser acogida o rechazada por el Juzgado correspondiente.
Según el presidente, tiempo atrás, González fue subalterna de Baruch entre 1999 y 2001. Por ello, a su criterio, la fiscala tuvo que inhibirse de conocer el caso.
Asimismo, Chaves cuestionó que la desestimación se hizo en “tiempo récord” y que se solicitó un 2 de enero, cuando había cierre colectivo.
“Cincuenta y cinco días después de presentada la denuncia pide la desestimación. Hablando con mis colegas (…) dicen que tardan años en solicitar la desestimación. Bueno, como dijo doña Pilar (Cisneros, diputada): Felicidades a doña Criss, porque no solo eso, se fue el día feriado a pedir la desestimación, cuando la Fiscalía y el juez estaban de vacaciones. Felicidades de nuevo”, señaló el mandatario.
Por su parte, la fiscala envió un comunicado desmintiendo lo dicho por Chaves.
Primero, señaló que, debido a que obtuvo una beca, ella no laboró con Baruch en ningún momento.
Partiendo de ahí, el caso se tramitó de forma ordinaria. Señaló que la desestimación se pidió en primeros días de enero porque el Consejo Superior del Poder Judicial estableció que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios sería uno de los despachos que debía abrir durante el período de cierre colectivo.
“Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a las dos personas fiscales redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales fueron determinados de forma libre e independiente en el mes de diciembre, por parte de cada fiscal de nuestra oficina, entre los que se encontraba el expediente 22-000070-0621-PE”, recalca el documento.
Justificó la decisión de no acusar porque no se pudo contar con información relevante por parte de Panamá.
“Consultada la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), se nos informó vía correo electrónico que, ante consulta realizada, su homólogo en Panamá comunicó que los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal fueron tipificados mediante Ley No.70 del 31 de enero 2019 y que, antes de su entrada en vigencia, tales conductas eran competencia de la esfera administrativa y no penal. Lo anterior significaba que la Asistencia Penal Internacional no resultaba viable”, expone el texto enviado.
