A casi un mes de haber empezado con esta labor, la Fiscalía General pretende concluir “lo más pronto posible” la revisión del historial de 591 reos que, actualmente, están en libertad gracias a un beneficio carcelario.
Esta fiscalización se da luego de que, a finales de diciembre, el Ministerio de Justicia y Paz le pidiera al fiscal general, Carlo Díaz, cerciorarse de que estos reclusos -que fueron reubicados al régimen semiabierto durante esta administración- no hayan cometido otro delito estando libres.
En caso de que se detecten reos con otras causas penales abiertas, se les revocaría el beneficio y deberán volver a prisión para descontar el resto de la pena, tal cual lo permite la legislación.
Ante una consulta de este medio sobre el avance, el Ministerio Público señaló: “Se encuentra en desarrollo el proceso de recabar la información”. Acotó que, si bien no tienen un plazo fijado para concluir con esta labor, el objetivo es terminar “lo más pronto posible”.
Por su parte, el Ministerio de Justicia indicó que está a la espera de los resultados de esta búsqueda para, eventualmente, tomar decisiones. Sobre todo porque el objetivo es que esta revisión no solo se limite a los reos que salieron desde mayo del 2022. Por el contrario, se pretende ampliar a los que fueron reubicados en centros semiinstitucionales durante el Gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).
