El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se presentó este martes a la Comisión de Asuntos Hacendarios para explicar acerca del proyecto de ley que reforma la regla fiscal.

Uno de los principales cambios es la exclusión de la regla de los entes públicos entes no estatales, como lo son los colegios profesionales, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), entre otros.

La propuesta lo que busca es excluir a las instituciones que no obtienen recursos del presupuesto nacional.

“Cuando se define la aplicación de la regla, se incorporaron grupos que no son claves en el tema fiscal: los colegios profesionales no tienen ningún impacto en el punto de vista del déficit fiscal del Gobierno Central; los entes públicos no estatales en general, que tienen recursos propios, deberían estar excluidos, y lo estamos haciendo con este proyecto de ley”, explicó Acosta.

Una de estas instituciones es la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que no ha podido comprar materia prima por culpa del tope que le pone la regla fiscal, a pesar de que obtiene recursos de la venta de alcohol, guaro, entre otros.

Además, Acosta explicó que el proyecto excluye, entre otras cosas, las donaciones, por ejemplo, las que reciben las universidades para investigaciones; el pago de intereses de la deuda; los pagos de sentencias; y los gastos de capital.

“Hemos planteado a los señores diputados la necesidad de hacer inversión. ¿qué es lo ocurre? Desde el punto de vista práctico, en estos momentos la regla fiscal se aplica tanto al gasto corriente como al gasto de capital, y eso significa que hay una limitación de la capacidad de construir obra, particularmente del gobierno”, agregó Acosta.

El jerarca de Hacienda explicó que no ve fuera de la regla a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) ni a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Esta última, a pesar de que ingresa dineros por el rubro da canon; no obstante, según Acosta, no se puede excluir porque si dejar de percibir ingresos o si tuviera que pagar una demanda en su contra, el Estado debería intervenir. El diputado liberacionista Gilberth Jiménez, afirmó que presentará una moción para que Aresep sea excluida de la norma.

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