En un encuentro realizado entre el 9 y 20 de enero, representantes de 16 naciones se reunieron para debatir sobre un marco regulatorio que facilite a nuestro país la explotación minera de los fondos marinos de forma responsable. Esto con el fin de que Costa Rica pueda negociar con la Autoridad Internacional competente y vigilante de la protección del ambiente marino.

Todos los miembros de la delegación coinciden en la necesidad de que debe existir, antes de cualquier avance, normas sólidas que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente en torno a la protección de los fondos marinos y su entorno.

“No inicien actividades de explotación del fondo marino hasta tanto no existan normas sólidas que aseguren el cumplimiento de la obligación de proteger el ambiente marino” fue la conclusión a la que llegaron los delegados de 16 países.

“Este figura entre los grandes retos que representan un desafío adicional para la salud de océano; no estamos preparados para abordar la minería debido a la escasa información científica con que se cuenta”, resaltó Christian Guillermet, viceministro para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica (MREC), al inaugurar el evento.

Gina Guillén, directora de Política Exterior del MREC, facilitadora del grupo de trabajo sobre asuntos institucionales de la Autoridad de Fondos Marinos, explicó que todos los Estados parte en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, son parte de la Autoridad, que cuenta con 168 miembros.

“Celebramos las coincidencias en la visión de todos los participantes sobre la importancia de cumplir con las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incluidas las disposiciones ambientales prescritas en el artículo 145 y la parte XII del Tratado”, manifestó Guillén.

Autoridades habrían solicitado en julio del 2022, una Prórroga Precautoria al inicio de la minería de fondos marinos, hasta tanto no se pudiera garantizar la protección del mar profundo, lo que requiere de un marco regulatorio robusto y adecuada información científica marina, así como el fortalecimiento institucional de la Autoridad de Fondos Marinos que propicie la transparencia y la rendición de cuentas.

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