Para entender los castigos que se imponen cuando se cometen estos ilícitos, es importante conocer que, para que se constituya un delito, la evasión fiscal debe ser igual o superior a ¢230 millones.

Es decir, debe ser igual o mayor a 500 salarios base. Los casos donde la defraudación sea menor, se resuelven en la vía administrativa.

Entonces, partiendo de ese escenario, el abogado Ewald Acuña aseguró que esto debe ser modificado, ya que hay casos donde la evasión es sumamente millonaria, pero quedan sin castigo.

“Se requiere un proyecto de ley, que establezca montos superiores al que ya está establecido. A mi criterio, esto es necesario”, señaló.

De hecho, dijo, en otros países lo que se busca es graduar las penas y así se evita la impunidad. “Se establece un tope base. A partir de eso, el monto de las penas se van graduando de acuerdo con la gravedad del delito”, detalló.

Sobre esto, hay actualmente un proyecto de ley en la corriente legislativa que busca fortalecer el combate al delito de fraude fiscal.

Este tiene como objetivo bajar el monto de lo que se define como evasión fiscal de 500 salarios base a 200 salarios base.

Este proyecto fue rechazado por una mayoría de diputaciones en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa; sin embargo, deberá ser visto en Plenario en un informe de minoría.

 

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