“Merecemos una persona que, si defienda los Derechos Humanos de todas las personas”, así manifiesta el Movimiento de Discapacidad de Costa Rica su oposición a la posible elección de Erick Ulate, como Defensor de los Habitantes.

“La persona que ocupe la Defensoría de los Habitantes debe ser alguien que tenga idoneidad del cargo, independencia y voluntad de trabajar en favor de los Derechos Humanos de todas las personas”, señala el comunicado prensa emitido este jueves,

Agrega que la persona debe elegirse con objetividad, sin compromisos políticos y pensando en el bienestar de las personas habitantes del país.

El grupo manifiesta que Erick Ulate actualmente es representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, sin embargo, su actuar no ha sido congruente con el cargo que ocupa, pues ha apoyado el proyecto 22.530 que busca ampliar la vida útil de los autobuses, siendo este en detrimento de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, personas usuarias y de la calidad del servicio de transporte público.

“Desde el movimiento de discapacidad, nos oponemos rotundamente a la candidatura del señor Erick Ulate, pues el mismo ya ha demostrado con su actuar que no le interesa velar por los Derechos Humanos y que por el contrario ha apoyado proyectos que solo privilegian a grupos selectos y de poder como lo son los autobuseros”, concluye el documento.

Grupo contra el proyecto 22.530 

Este proyecto de ley tiene como objetivo la reforma del artículo 46 Bis de la Ley de Igualdad de Oportunidades Para Personas con Discapacidad (Ley 7600) para extender por cinco años más la vida útil a todas las unidades de transporte público en ruta regular para que puedan seguir en circulación hasta un máximo de 20 años desde su fabricación.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos, sin embargo, el tema avanza despacio debido a la polémica que genera el tema.

Precisamente, este miércoles 18 de enero, el Consejo de Transporte Público dio un ultimátum a los concesionarios, a través de una publicación en La Gaceta, esta situación fue celebrada por el grupo, pues aseguran que los buses antiguos violan su derecho de libre movilización.

“Nosotros lo que hemos externado es que el CTP finalmente está haciendo lo que tiene que hacer por ley, al haber emitido ese ultimátum, ahora les toca a los concesionarios cumplir lo que establece la ley en el cambio de flotilla, y si no lo cumplen pues pierden la concesión y ahí el MOPT deberá hacer las gestiones, (…), así es el servicio de transporte público”, señaló Nicole Mesen, miembro de este Movimiento.

Agrega que: “nosotros seguimos atentos al proyecto de ley, el cual está un poco en pausa, pero sigue en la corriente legislativa, entonces hemos estado vigilante, hemos estado yendo a la comisión a observar a intentar dialogar con los diputados, seguimos buscando alternativas que atiendan la situación de manera que no violenten derechos humanos y seguimos en la lucha, es lo que hasta el día de hoy hemos realizado.

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