Este lunes, por segunda ocasión en menos de una semana, la Asamblea Legislativa continuó con el primer debate el proyecto para la ratificación del Protocolo de Nagoya, el cual, impacta a las comunidades indígenas de nuestro país ya que podría patentar recursos genéticos de sus zonas.

Precisamente, la participación de estas comunidades en la discusión del proyecto es lo que ha retrasado el trámite. Frente Amplio y la diputada liberacionista Sonia Rojas, han mostrado su molestia por la forma en la que la propuesta se le consultó a las comunidades indígenas.

Rojas, quien es la primera legisladora indígena de nuestro país, asegura que a sus comunidades no se les toma en cuenta en la Asamblea Legislativa.

“En primer lugar no se toman en cuenta los tiempos que se necesita para poder revisar y discutir un proyecto de ley, no se toman en cuenta las culturas, no se toma en cuenta el idioma, no se toma en cuenta el contexto en el que reciben las poblaciones indígenas la comunicación. De hecho, hay comunidades que no tienen acceso a internet, se da por cierto que todo el país está igual que el Valle Central y no es así, para empezar lo que es conectividad”, expresó la legisladora.

En el caso del Protocolo de Nagoya, tanto Rojas como los diputados del Frente Amplio, alzaron la voz porque solo se les dio ocho días para leer un texto extenso y que no está redactado en su idioma. Ninguna comunidad indígena tuvo el tiempo suficiente para responder, y la Asamblea Legislativa dio la consulta por realizada y continuó el trámite.

“La limitante en el área, del idioma y la organización, no se visualiza, no se toma en cuenta, ya que también se necesita tiempo para que las organizaciones puedan revisar el proyecto, esto afecta el poder que ellos sepan qué proyectos de ley les afecta. Se ha venido dando por año y no le ha importado a nadie en la Asamblea Legislativa hacer una pausa y hacer un cambio al reglamento cuando se tenga que ver con acciones afirmativas o negativas que afecten directamente a los pueblos indígenas, como en el caso del Protocolo de Nagoya, que hablamos de poder obtener material genético de lugares ancestrales, donde el hecho de ingresar a un territorio y tomar una planta que viene siendo de uso ancestral, y tomarla sin ningún acuerdo, sin ninguna comunicación, sin ninguna información del territorio y luego pueda sacarse y ser patentada, eso es una lesión a la oportunidad que se le da a la población indígena de decidir si quiere que se le extraiga de su pueblo o territorio una planta, o si está de acuerdo, en qué términos está de acuerdo”, agregó Rojas.

La diputada presentó un proyecto de ley para modificar el reglamento legislativo, y poder establecer un protocolo adecuado y justo de consulta a las comunidades indígenas cuando alguna propuesta les impacte.

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