En la conferencia del Consejo de Gobierno la tarde de este miércoles, el Presidente de la República en conjunto con el ministro Luis Amador, informó que el poder ejecutivo tiene listo el plan para acabar con el fideicomiso a cargo del Banco de Costa Rica en la Ruta 1.

Rodrigo Chaves indica que el manejo por parte del fideicomiso ha sido pésima y que los principales perjudicados son las personas que transitan diariamente por esta carretera.

Ante esta situación Trece Noticias contactó a vecinos como Alexander Rodríguez quien además es parte del Foro de Occidente y aseguró que están muy decepcionados con esta decisión del gobierno ya que estaría provocando un nuevo atraso en las obras e incluso acusó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el CONAVI de ser una piedra en el zapato en el avance de las mismas y que además, el CONAVI debía darle mantenimiento al resto de la vía y que de esto también fue incapaz la institución.

Los vecinos esperan reunirse en los próximos días en conjunto con las fuerzas vivas de la zona para tomar decisiones y además se organizarán para pedir explicaciones claras sobre esta decisión del Gobierno de la República. Los vecinos de hecho no descartan realizar una manifestación.

Por su parte Paul Brenes, quien fuera un proponente de la ampliación de esta carretera también se mostró molesto con la decisión y concuerda con Rodríguez en que el gobierno ha sido incapaz de vigilar los avances de la carretera y agregó que a pesar de que las autoridades sabían las fallas, nunca los frenaron y que no hay voluntad política para seguir adelante con dicha ampliación.

Brenes dijo incluso que lo que se pretende hacer pasa por encima a la ley por lo que no considera viable que se pueda ejecutar el plan sin hacer reformas a la misma.

Según lo comentado esta decisión genera más incertidumbre a los vecinos principalmente del proyecto que consideran que esto ocasionará que se atrase la obra por lo menos 2 años más.

El Gobierno de la República indicó que los contratos no serán terminados antes del tiempo determinado con el fin de ahorrar fondos públicos y no pagar indemnizaciones.

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