Uno de los acuerdos que fueron parte de la negociación de la autorización para emitir 5 mil millones de dólares en eurobonos, fue avanzar en el proyecto de ley Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado, el cual está a pocos días de ser votado.

Esta propuesta busca que la liquidez de cada una de las instituciones del Estado, se maneja de manera centralizada por parte de la Tesorería Nacional, y que el Banco Central de Costa Rica funcione como cajera para todos los entes involucrados.

Este martes se realizó una reunión entre los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios y los ministros Natalia Díaz y Nogui Acosta, de Presidencia y Hacienda respectivamente. En el encuentro se expusieron las dudas de cada una de las fracciones y las observaciones de la Procuraduría General de la República. Con estas consideraciones, legisladores y ministros construyen un nuevo texto para el proyecto, el cual acordaron votar en Plenario el 15 de diciembre.

“Hemos llegado a un acuerdo donde se está preparando un texto sustitutivo, el cual contemplará las observaciones, los comentarios, y por supuesto las valoraciones que ha emitido la Procuraduría, a fin de tener un texto mucho más efectivo, mucho más razonable, y consciente a esa realidad. Aunado a eso, se está ampliando el plazo que se había establecido conforme el convenio que se había acordado por parte de las fracciones con tema de eurobonos y los complementos que se habían establecido”, explicó Gilberth Jiménez, diputado del PLN.

Una de las observaciones de las fracciones legislativas es la exclusión de las instituciones autónomas que no utilizan recursos del presupuesto nacional.

“Esta ley no sea aplicada a los entes públicos no estatales, ya que no reciben presupuesto nacional, que tampoco sea aplicado al FONABE, al fondo del Sistema de Banca para el Desarrollo, ya que por ley este fondo más bien debe invertir sus recursos para generar más dinero. Y también una preocupación que tenemos con el fondo de emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias. Estas preocupaciones coinciden con las preocupaciones que tienen las demás fracciones”, agregó Daniela Rojas, diputada del PUSC.

Precisamente, instituciones autónomas como los Bancos de Costa Rica y Nacional, así como la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, manifestaron su oposición al proyecto.

Caso contrario de la Contraloría General de la República, que ve con buenos ojos la propuesta. Según datos del ente contralor el proyecto le permitiría al país un ahorro anual de cerca del 1% del Producto Interno Bruto.

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