La saturación de agendas de las diferentes partes obligó a anular el segundo juicio que se realizaba, desde esta semana, en contra del exministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el conocido caso Crucitas. Fue reprogramado para hasta octubre del 2023.

El Tribunal Penal de Goicoechea confirmó la decisión, así como el defensor del exjerarca (durante la administración de Óscar Arias, en 2006-2010), José Miguel Villalobos.

Este juicio comenzó el pasado lunes 28 de noviembre en contra de Dobles y otras seis personas por el delito de prevaricato. Pese a que se tenía previsto recibir a más de 25 testigos, estaba programado para finalizar el 16 de diciembre.

Según explicó Villalobos, los jueces consideraron que no era posible hacer el descargo de todas esas declaraciones, conocer las conclusiones de las partes y emitir un fallo en menos de 15 días. Además, no podían extenderlo por más tiempo porque ya las partes tenían pactadas otras audiencias judiciales.

“Se anuló porque el Ministerio Público, la Procuraduría, los defensores públicos y yo, como defensor particular, nos percatamos de que era imposible finalizar el 16 de diciembre por la cantidad de testigos. Ni siquiera, el 23 de diciembre y, para todos, era imposible continuarlo en enero porque ya teníamos audiencias fijadas previamente”, apuntó Villalobos.

Ante ese escenario, el Tribunal -conformado por Jorge Tabash, Yorleny Campos, y la presidenta Marcia Williams- consideró que lo “prudente” era anularlo; así como reprogramarlo para entre el 16 de octubre del 2023 y el 31 de enero del 2024.

“Para no desgastarnos y perder el tiempo con los testigos y recibiendo declaraciones que no iban a tener sentido (…) se decidió anular porque no se iba a poder continuar”, expresó Villalobos.

En este asunto, además de Dobles, están acusados Cinthya Cavallini Chinchilla, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza Valverde, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena); y cuatro antiguos funcionarios de esa secretaría: Eduardo Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Cruz Ramírez y José Corrales Arias.

Los hechos

Este caso se remonta al 24 de noviembre del 2010, cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo envió al Ministerio Público la sentencia que anuló la concesión del proyecto Crucitas, al considerar que se debía determinar si algún funcionario público había cometido alguna anomalía con la autorización dada a la empresa Industrias Infinito, para extraer oro a cielo abierto en Cutris.

La primera concesión dada a la empresa Industrias Infinito fue anulada por la Sala IV, debido a que esa autorización se otorgó sin que se presentara el estudio de impacto ambiental.

En criterio de la Fiscalía, “con esta resolución de la Sala, el proyecto Crucitas perdió cualquier derecho adquirido”, pero dijo que luego se emitieron resoluciones que permitieron a Industrias Infinito reactivar la posibilidad de desarrollar el proyecto.

Entre estas mencionó que el 13 de octubre del 2008 se emitió un decreto, que declaró de ” interés público y de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas” .

Asimismo, manifestó que el 17 de octubre de ese mismo año, se aprobó una solicitud de Industrias Infinito. Esta era para cambiar “el uso de suelo de 192 hectáreas y la consecuente corta de árboles en áreas de bosque y de protección del recurso hídrico”.

Agregó que dichas resoluciones fueron anuladas en el 2010, primero por el Tribunal Contencioso-Administrativo y luego por la Sala Primera de la Corte.

Por estos hechos, en el 2015, el Tribunal Penal condenó únicamente a Dobles a tres años de cárcel y lo inhabilitó de ejercer cargos públicos por el mismo periodo. Al resto de imputados, los jueces los absolvieron.

Tras una apelación presentada por la defensa de Dobles, ese fallo fue anulado y es por ello que este lunes había comenzado este debate, que fue anulado.

Publicidad Aproveche la mejor conexión en Fibra Optica para su empresa con RACSA