Este miércoles, tras la realización del Consejo de Gobierno, el Poder Ejecutivo firmó una reforma al decreto que regula la asignación de la capacidad de pesca para su utilización por buques atuneros de cerco, reconocida al Estado de Costa Rica en el Océano Pacífico Oriental, por parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical.

“Mucho hemos hablado de las riquezas que nos dio Dios en los mares, (…) y qué es lo importante de esto, primero tenemos años de dejar que las 9.300 toneladas métricas que nos corresponde del atún tropical más allá de nuestro mar territorial, la pesquen otros, sin venderla nosotros, eso paso por años, regalamos 9.300 toneladas métricas de atún y eso es en capacidad acarreo, (…) estamos hablando de miles de millones de colones, lo dejamos de vender, pregúntele a quienes tomaron esa decisión el por qué”, explicó el presidente, Rodrigo Chaves.

Esta reforma regula la asignación de la capacidad de pesca reconocida a Costa Rica en la pesquería de atún y especies afines en el área de la Convención de la CIAT y el Océano Pacífico Oriental por 9.364 metros cúbicos.

Dado el valor estratégico del recurso para el desarrollo de las comunidades costeras y nacional; la asignación de capacidad de pesca deberá procurar el abastecimiento de materia prima, para su máximo aprovechamiento con fines industriales, de inversión y generación de empleo, así como la creación de una flota atunera nacional.

“Este decreto le va asignar esa cuota que le pertenece a los costarricenses, al que pague el mejor precio, en un proceso de subasta transparente y sin embargo, tenemos la opción de asignar cuota a quien venga a abrir plantas empacadoras de atún a Costa Rica, en el futuro a generar empleos, especialmente en Puntarenas y Guanacaste”, explicó Chaves.

“El paso que sigue ahora es que el INCOPESCA, remita un estudio de mercado, para que el MAG defina cuantos son los metros cúbicos de atún que van a ser asignados a la industria nacional, cuanto podría estar asignado a inversiones futuras, y cuanto sería el remanente que estaría subastándose, ese estudio estaría para el 13 de diciembre”, explicó el ministro de agricultura, Víctor Carvajal.

Como parte de las novedades de esta reforma, se establece el modelo de asignación por oferta más conveniente para el interés público, en la cual cada armador oferente deberá presentar su propuesta en sobre cerrado, la cual contendrá la indicación del porcentaje por el cual participa y el precio ofrecido por tonelada métrica, tomando como base el precio mínimo establecido, el cual es de US$330, por cada metro cúbico asignado.

 

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