Desacato permanente por parte del Estado de Nicaragua, esta es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los “Asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 Personas privadas de su Libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua”.

En su Resolución, la Corte señala que la posición asumida por Nicaragua y la efectiva inobservancia de lo ordenado en las Resoluciones de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2022, constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por dicho Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal.

Según la Corte, el Estado de Nicaragua ha remitido 19 comunicaciones sobre el tema a la Corte Interamericana en donde ha manifestado su rechazo a las Medidas Provisionales adoptadas “por considerar que las mismas siguen un guion impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica” e “incluye[n] una narrativa parcializada y dirigida a destacar los lamentables sucesos del 2018 […] en los que diversas organizaciones (incluyendo a [la] Corte y la CIDH); han sido partícipes y cooperadores”.

El documento señala que, Nicaragua ha sostenido de forma reiterada que las personas beneficiarias de medidas provisionales están siendo procesadas por la presunta comisión de delitos cometidos de conformidad con la legislación nicaragüense, y que es por esa razón que fueron detenidos.

Ante esta situación, el Tribunal instruyó al Presidente de la Corte para que presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un informe sobre la situación de desacato permanente y desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales.

Además, mantiene la disposición de que el Estado proceda a la liberación inmediata de 76 personas, que se encuentran privadas de la libertad y para que adopte de forma inmediata todas las medidas necesarias para proteger y garantizar su libertad personal.

La resolución ha sido notificada al Estado de Nicaragua, a la Comisión Interamericana, a los representantes de los beneficiarios, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

Acceda a la resolución aquí. 

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