Hoy comenzó el segundo juicio en contra de Roberto Dobles, quien fue ministro de Ambiente en la segunda administración del expresidente Óscar Arias Sánchez, por el conocido caso Crucitas.

Tanto a él como a otras seis personas la Fiscalía los acusa del delito de prevaricato, el cual consiste en tomar resoluciones contrarias a la ley.

Los otros encartados son Cinthya Cavallini Chinchilla, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza Valverde, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), y cuatro antiguos funcionarios de esa secretaría: Eduardo Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Cruz Ramírez y José Corrales Arias.

Este debate se da luego de que, en el 2015, el Tribunal Penal de Hacienda condenara únicamente a Dobles a tres años de cárcel y lo inhabilitó de ejercer cargos públicos por el mismo periodo. Al resto de imputados, los jueces los absolvieron.

Tras una apelación presentada por la defensa de Dobles, ese fallo fue anulado y es por ello que este lunes, comenzó este debate de reenvío.

Los hechos

Este caso se remonta al 24 de noviembre del 2010, cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo envió al Ministerio Público la sentencia que anuló la concesión del proyecto Crucitas, al considerar que se debía determinar si algún funcionario público había cometido alguna anomalía con la autorización dada a la empresa Industrias Infinito, para extraer oro a cielo abierto en Cutris.

La primera concesión dada a la empresa Industrias Infinito fue anulada por la Sala IV, debido a que esa autorización se otorgó sin que se presentara el estudio de impacto ambiental.

En criterio de la Fiscalía, “con esta resolución de la Sala, el proyecto Crucitas perdió cualquier derecho adquirido”, pero dijo que luego se emitieron resoluciones que permitieron a Industrias Infinito reactivar la posibilidad de desarrollar el proyecto.

Entre estas mencionó que el 13 de octubre del 2008 se emitió un decreto, que declaró de ” interés público y de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas” .

Asimismo, manifestó que el 17 de octubre de ese mismo año, se aprobó una solicitud de Industrias Infinito para cambiar “el uso de suelo de 192 hectáreas y la consecuente corta de árboles en áreas de bosque y de protección del recurso hídrico”.

Agregó que dichas resoluciones fueron anuladas en el 2010, primero por el Tribunal Contencioso-Administrativo y luego por la Sala Primera de la Corte.

Este juicio está previsto que se extienda hasta mediados de este mes.

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