Un juez de Pococí explicó que, en el 2020, se retrasó en el dictado de tres sentencias porque, para ese mismo año, su hija estaba teniendo “graves” problemas médicos.

Con esa justificación, el funcionario acudió ante el Consejo Superior del Poder Judicial para apelar una fuerte sanción administrativa que le impuso en el 2021 el Tribunal de Inspección Judicial (ente que resuelve en primera instancia los procesos internos).

Esta última entidad lo castigó con 15 días sin goce de salario, al considerar que él incurrió en una “grave” negligencia en el ejercicio de sus funciones, según se lee en la resolución N°. 3595-2021, del 15 de octubre de ese año.

El juzgador apeló ese fallo, ya que consideró que el castigo era “desproporcional”. Indicó que Inspección no había contemplado su situación familiar la cual, de una u otra manera, afectó su desempeño laboral. Por ello, pidió al Consejo Superior variar el castigo a una amonestación escrita, máxime que él nunca había sido sancionado administrativamente.

No obstante, en la resolución Nº 08143 – 2022, del 12 de agosto del 2022, el Consejo Superior (última instancia en procesos administrativos) acogió parcialmente la queja del funcionario. Determinó que, efectivamente, la penalidad debía ser menor y, por ello, la modificó a cinco días sin goce de salario.

¿Qué se le achacó?

Según la resolución del Consejo Superior, en junio del 2020, el funcionario fue nombrado como juez supernumario en Pococí. El 10 de julio le asignaron tres causas para que dictara la respectiva sentencia.

Se trataba de los expedientes 19-000140-1549-LA, 18-000271-1549-LA y 19-000069-1549-LA.

No obstante, pese a la asignación, el juez tardó poco más de tres meses en emitir el por tanto en esos legajos. El recuento hecho por el órgano administrativo resume lo siguiente:

  • Expediente 18-000271-1549-LA: El juez señaló que dictó la sentencia el 7 de julio del 2020. Sin embargo, esta en realidad fue emitida el 25 de octubre del 2020.
  • Legajo 19-000069-1549-LA: Juzgador dijo que dictó por tanto el 15 de julio del 2020. No obstante, el fallo fue realmente emitido el 5 de noviembre del 2020.
  • Caso 19-000140-1549-LA: Funcionario indicó que falló el asunto el 10 de julio del 2020. Pero, esa resolución realmente se dio el 25 de octubre del 2020.

Ante esas tardanzas, le abrieron el procedimiento respectivo, el cual terminó, en primera instancia, con la sanción de 15 días sin goce de salario.

Apelación

Sin embargo, en la apelación que presentó el encausado, alegó que no se tomó en cuenta la situación personal que vivía para el momento de los hechos, ya que su hija atravesaba complicaciones de salud.

Detalló que la niña, que ya cuenta con 13 años, fue diagnosticada con hidrocefalia, razón por la cual ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en repetidas ocasiones.

“Considero que no se tomó en cuenta cómo se debía mi situación emocional por la que estaba pasando (…) Mi estado emocional, en ese entonces, era vulnerable, ya que primero (…) le hicieron una operación en la cabeza. (…) Luego la operaron para que la ‘manguerita’ que le pusieron, para drenar el líquido encefalorraquídeo, lo hiciera ya no por la vejiga urinaria, sino por el corazón y como ustedes comprenderán, su estado de salud en ese entonces, era bastante precario”, detalló el funcionario.

Agregó que consideraba que la sanción era “desproporcional”, ya que, si bien se atrasó en el dictado de la sentencia, al final “sí cumplí”.

“Considero que la sanción es muy alta, tomando en cuenta que no tengo sanciones disciplinarias anteriores, que siempre he hecho mi labor de la mejor manera y solicito que se me sanciona con una amonestación escrita”, apuntó el juez.

Sanción atenuada

Tras conocer los motivos del encausado, el Consejo Superior consideró que era oportuno atenuar la sanción. Reprochó, además, que esa condición particular no fuera vista con la importancia que tenía.

“(El juez) se encontraba atravesando una situación familiar grave ya que su hija  -precisamente en el espacio temporal en que se sanciona la conducta- estaba siendo objeto de varias intervenciones quirúrgicas (…) Hecho no controvertido pero que no fue valorado con la importancia necesaria para determinar la razonabilidad de la sanción a imponer, afectando esta situación la psiquis del encausado, lo que lo volvía propenso a afectar sus labores como juez, como en efecto sucedió”, se lee en la resolución de los magistrados.

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