El Gobierno de la República llevó a cabo un operativo interinstitucional para investigar las irregularidades presentadas en diversas tiendas de la cadena SYR. En los trabajos se intervinieron 16 locales, dejando un saldo de 14 almacenes clausurados por al menos 24 horas.

La Dirección de Tributación, la Policía de Control Fiscal, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Fuerza Pública, la Policía Municipal de San José, el Ministerio de Salud, la Policía Profesional de Migración, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros tomaron parte del operativo, cada uno enfocado en la parte que les corresponde según la legislación.

Las autoridades se centraron en verificar documentos y requisitos de operación. Jacqueline Soto, directora de la Policía de Control Fiscal, confirmó que realizaron un control cruzado entre lo reportado como importado y lo que realmente había en las tiendas.

La Fuerza Pública, por su parte, contó con 100 oficiales de policía, las cuales prestaron un acompañamiento al operativo para velar por la seguridad de las personas involucradas y los funcionarios que ejecutaron las intervenciones, así lo aseguró Oscar Jiménez, subdirector Fuerza Pública.

La Dirección General de Tributación tenía como objetivo revisar los deberes formales de la cadena de tiendas SYR, los cuales indican quien o quienes son las personas que están detrás del negocio, indicó Mario Ramos, director de Tributación.

Desde el pasado lunes 14 de noviembre, a raíz de la circulación del video donde se agrede a las empleadas del almacén, el Ministerio de Trabajo inició con las investigaciones a la cadena de tiendas SYR. Según Walter Villalobos, viceministro de Trabajo, encontraron que no se respeta el salario mínimo, carecen de pago de horas extras, existe contratación de menores de edad y de migrantes con y sin autorización de trabajo.

La Dirección Nacional de Inspecciones del Ministerio de Trabajo, levantó actas a 20 tiendas de la cadena, las cuales deberán ser corregidas en un plazo determinado.

Sidney Viales, subjefe de Seguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), manifestó que durante el operativo estarían revisando la existencia del seguro de riesgos del trabajo para los empleados, y que estos se encuentren al día, además de que todos los trabajadores estén empadronados en la planilla. Ante cualquier irregularidad en alguno de estos dos temas, el INS emite un acta de prevención que le otorga al patrono un plazo de 48 horas para remediar los casos que no estén acorde a la ley, de lo contrario podrá sufrir el cierre temporal o permanente del local.

La Policía de Migración reportó a 35 personas empleadas de las tiendas con nacionalidades nicaragüense, china, hondureña y venezolana. Estas personas presentaron diversos estatus. En el caso de las asiáticas, cuentan con trámites presentados ante migración, uno vencido y otro en regla, pero sin la autorización para laborar en este tipo de negocios.

El resto cuenta con trámites migratorios y otros aún en proceso de consulta.

La Policía Municipal de San José prestó también sus servicios como apoyo para todo el operativo interinstitucional que se realizó.

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