La Contralora General de la República, Martha Acosta, considera que vender el BCR no será suficiente para pagar la deuda pública y se requieren de otras medidas.

Así lo señaló esta tarde en su audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde, además, dijo tener dudas razonables sobre el proyecto de ley 23.311 que pretende vender el conglomerado del Banco de Costa Rica.

Según Contralora, el texto no especifica cuáles serán los controles que se tendrán en el proceso de la venta, ni refleja cuanto impactaría la venta del BCR en el pago de deuda, pues no se tiene claridad del precio de venta esperado.

“El precio si se podría estimar, habría que hacer el estudio más completo porque lo hay ahorita no es suficiente… y lo que también sería oportuno es un estudio de costo beneficio y la rentabilidad social del proyecto.” Comentó Acosta, quien agregó, que de acuerdo con la propuesta de venta no se garantizaría un impacto en el pago de la deuda.

“Aunque la propuesta tiene como finalidad, disminuir la deuda, no se refleja con claridad, la posibilidad de cumplir con dicho objetivo, y en que magnitud. Pues no se tiene un estimado sobre el precio esperado. Los costos del proceso y el tiempo que tomará, ni la secuencia de las distintas etapas.”

Por otro lado, la Contralora expresó su preocupación con respecto a las funciones que se le atribuyen en este proyecto de ley al Consejo de Gobierno en la toma de decisiones de índole administrativo para la venta del BCR.

“Nosotros tenemos una duda razonable, en ese tema, porque por Constitución Política entendemos que se establece que el Consejo de Gobierno, tiene unas funciones muy específicas, no la toma de decisiones de carácter administrativo como es la venta, la toma de decisiones, la administración de acciones, y ese tipo de cosas.”

La jerarca también señaló vacíos en el proyecto tales como, los plazos mínimos para recibir propuestas, la precalificación legal, los parámetros de selección de oferentes, y que tipo de garantías corren a cargo de los interesados.

Con esta iniciativa, el gobierno espera generar un ahorro de ₡92 mil millones por año en el pago de intereses.

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