“Nosotros somos cuatro familias y tenemos 16 años de vivir aquí, compramos en un millón de colones, no podemos alquilar porque somos varias personas las que vivimos, tenemos hijos, nietos y bisnietos, es poco el salario que tenemos para vivir, la situación actual es difícil, no hay trabajo” señaló Reina Velásquez, vecina la ciudadela La Carpio.

“Lastimosamente no tengo para donde ir, mi salario es solamente para comprar leche, pañales y la comidita de mis hijos, nosotros somos 5, mi esposa, mis tres hijos y yo. Nosotros hemos sido olvidados por el Gobierno”, cuenta Emilio Peña, presidente de la Junta de Desarrollo del sector río Torres en la Carpio.

“A mi lo que hacen es que me ayudan en la calle, me dan mil o dos mil colones, y con esa platita comemos. Aquí no hay ningún ingreso económico, porque no podemos trabajar. Nunca nos hemos acostado sin cenar, pero eso solo la voluntad de Dios y ayuda de la gente”, detalla Lorenzo Álvarez, quien vive en un pequeño cuarto en la Carpio.

Estas tres historias tienen algo en común, viven al día, buscando opciones para sobrevivir, sin ninguna ayuda del Gobierno y con pocas oportunidades de empleo.

Precisamente, el Informe Estado de la Nación 2022 destaca que un panorama de menor inversión social se conjuga con la falta de políticas concretas para atender la exclusión social en asentamientos informales y cultiva un riesgo mayor para que la población joven sea reclutada por el crimen organizado.

Por esta razón, para conocer más a fondo sobre lo que viven los costarricenses, los investigadores del Estado de la Nación hicieron un estudio exploratorio de cinco asentamientos informales de la Gran Área Metropolitana y uno del borde periurbano de la región Central: Purral, Guararí, La Carpio, Alajuelita y San Ramón

La conclusión general a la que llegaron los expertos, es que estas personas “hoy viven en una situación mucho más precaria que en el 2019”.

“Pese a que en la mayoría de estos asentamientos las estructuras carecen de acceso a agua potable o electricidad, la opinión generalizada de quienes participaron de los grupos focales para hacer este estudio es que más familias llegaron a vivir a sus barrios durante la pandemia, lo cual indica que estos asentamientos estarían hoy más hacinados que hace tres años”, amplía la investigadora y coordinadora del capítulo Equidad e integración social del Informe, Natalia Morales.

En nuestro país, la pobreza en 2022 se mantuvo sin cambios con respecto al 2021: 23,0% la total y 6,4% la extrema. Esto significa que 399.439 hogares y 1.329.757 personas estaban en pobreza total. De los cuales, 110.631 hogares y 393.385 personas vivían en extrema pobreza.

Según la especialista, estas situaciones como la poca ayuda estatal, la débil educación y las casi nulas oportunidades de empleo, son caldo de cultivo para organizaciones criminales.

“Sociedades altamente desiguales, son caldo de cultivo para el crimen organizado y para el narcotráfico, entonces buena parte de la violencia delictiva y de la inseguridad que tenemos en el país, proviene de estas actividades ilícitas, donde la mayoría de las personas que se reclutan son personas jóvenes. Esto se está concentrando en ciertas zonas del país con alto rezago social, es decir, donde hay problemas de acceso a educación de calidad, de empleo a grupos jóvenes”, mencionó la investigadora.

El Informe destaca la alta tasa de homicidios en Costa Rica, la cual no se redujo en el contexto de la pandemia y ha tenido una tendencia creciente desde el 2008.

El año pasado, esta tasa se ubicó en 11,4 casos por 100 mil habitantes, con un total de 588 víctimas, 17 más que en 2020. Según el análisis presentado, esta problemática es detonada por el crimen organizado y el narcotráfico y afecta mayoritariamente a hombres (90%) entre los 15 y 35 años de edad (53%).

“Ante la falta de oportunidades de educación y empleo, la probabilidad de este tipo de violencia aumenta en zonas de alto rezago y exclusión social, donde la población joven tiene mayor riesgo de ser reclutada por estas bandas”, explica Morales Aguilar.

En 2021 las provincias con mayor prevalencia homicida fueron Limón (52 casos) y  Puntarenas (50 casos).

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