Nota elaborada con información del periodista Andrés Ortiz

Tanto los familiares de las víctimas mortales del accidente ocurrido en setiembre pasado, como los sobrevivientes de esa tragedia, pretenden reclamar una indemnización por lo ocurrido, al considerar que las autoridades de Gobierno podrían tener algún grado de responsabilidad.

Este percance se dio cuando, por mal tiempo, un derrumbe arrastró hacia un guindo a un autobús con decenas de pasajeros. Nueve personas fallecieron en total; mientras que otras 18 resultaron heridas.

Poco después de que ocurrió, se cuestionó el porqué las autoridades correspondientes no cerraron esa carretera, que ya es bien conocida por su peligrosidad.

Por ello, el abogado Boris Molina confirmó que, en conjunto con sus otros colegas Javier Vargas y Juan José Acuña, defenderán a siete familias de dolientes y a 14 del total de lesionados.

La intención, explicó Molina, es levantar toda la información necesaria para presentarla ante el Ministerio Público, en donde determinarían si existió delito y, por ende, si se abre una causa.

Eso sí, detalló, acudirían a la Fiscalía General, ya que, entre los posibles imputados en el caso, estaría el ministro de Obras Públicas, Luis Amador, quien tiene fuero especial por el cargo que ocupa.

“Opinamos eso porque desde el día uno, (Amador) dio unas declaraciones. Luego, dio otras y hasta el día de hoy hemos visto varias contradicciones en él, así que me parece que sí estará involucrado en el tema (…) Pero esos son detalles que solo la Fiscalía podría determinar”, señaló.

Compensación económica

Partiendo de que la Fiscalía eventualmente acuse a presuntos responsables, Molina dijo que presentarían la querella y una acción civil resarcitoria, con la cual buscarían conseguir la compensación económica.

“Aquí a nadie le interesa mandar a nadie a la cárcel. Es solucionar situaciones que están viviendo (los dolientes y sobrevivientes) y para que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder”, detalló.

De hecho, indicó, si el asunto se pudiera tramitar en la vía contenciosa administrativa, lo “preferirían, porque es mucho más expedito”.

Lo que requieren, insistió, es obtener el dinero necesario, ya que hay personas que necesitan ser operadas pero ya el seguro obligatorio se agotó. “También hay casos en donde el proveedor de la familia fue quien falleció y se deben cubrir las necesidades económicas”, señaló.

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