La defensa de uno de los imputados por el crimen de María Luisa Cedeño, pretendió anular el dictamen odontológico que vincula a su representado.

La gestión fue planteada por el abogado Érick Gatgens, quien es el abogado del encausado, de apellido Miranda Izquierdo. Miranda es uno de los tres acusados por este asesinato, ocurrido en julio del 2020 en el hotel La Mansión Inn, en Quepos. Los otros son apellidados Herrera Martínez y Bodaan.

Según expresó Gatgens durante la audiencia de la tarde de este lunes, él consideró que existió una violación al derecho de defensa y por ello pidió, entre otras cosas, que se anulara el dictamen médico legal emitido en enero del 2022. Su insistencia tiene que ver con que esta es una de las dos pruebas que ligan a su representado con este brutal asesinato de la anestesióloga.

Sin embargo, tras deliberar por unos cuantos minutos, el Tribunal Penal rechazó de plano la gestión al considerar que, primero, no se ha dado ningún quebranto contra la defensa del imputado Miranda. Segundo, acotaron, ellos no son competentes para anular un peritaje realizado por técnicos.

Ante esto, pasaron página y recibieron al próximo testigo, el odontólogo forense Manuel Fernández Chaves. Su declaración es considerada como una de las más importantes de este juicio.

En detalle

El defensor alegó una actividad procesal defectuosa porque considera que su representado está en estado de indefensión. Según dijo, esto se da porque luego de recibir los dictámenes forenses odontológicos, ellos acudieron al Consejo Médico Forense para presentar una apelación en contra de estos.

Explicó que elevaron la queja a esa instancia porque, añadió, esa es la segunda instancia para estos casos.

Sin embargo, apuntó, pese a que la Fiscalía y el Consejo dieron curso al recurso, al tiempo el Consejo dio por cerrado el tema. Aseguró que eso les impidió su derecho a recurrir. “Indicó que resolver la apelación sería extralimitarse”, apuntó Gatgens parafraseando lo resuelto por el órgano forense.

Consideró que eso fue un fallo “sorpresivo y lesivo de los derechos fundamentales”, principalmente porque “no da ninguna razón”.

Por ello, entre otras cosas, solicitó al Tribunal que anularan el dictamen emitido por el Consejo Médico Forense, en donde les rechazan el recurso de apelación.

Sobre esto, tanto la Fiscalía como los abogados de la familia de la víctima mortal pidieron que se rechazara esa actividad procesal defectuosa, ya que, indicaron, no tenía cabida.

El Ministerio Público, en representación de Édgar Ramírez, explicó que, para empezar, lo que diga este Consejo no es vinculante ni la “última palabra”. Ramírez ahondó en que, a partir de 1998 (cuando entró en vigencia el actual Código Procesal Penal), ese Consejo tuvo que “desaparecer”.

“A partir de ese momento, nos rige el principio de la valoración de la prueba. Lo que nos dice esto es que los jueces son el perito y los que dan el valor a cada uno de los dictámenes que se hacen (…) El Consejo Médico Forense no tiene última palabra”, enfatizó el fiscal.

Por su parte, el abogado de la familia, Alfonso Ruiz, coincidió con el representante de la Fiscalía. Pero, agregó que acoger esa actividad procesal defectuosa los haría devolverse a una etapa que ya fue finalizada:la intermedia.

Tribunal: ‘No se ha violentado nada’

Una vez planteada esa actividad y tras escuchar a las diferentes partes, los juzgadores se retiraron para deliberar. Al regresar, la jueza y presidenta de este Tribunal, Sandra Arrieta, indicó que se rechazaba de plano.

Ella brindó tres razones y cuando fue más enfática fue al señalar que al imputado Miranda Izquierdo no se le ha violentado el derecho de defensa. Indicó que el abogado siempre ha estado presente durante todo el proceso y eso refuta lo que dijo Gatgens.

Asimismo, apuntó que no se le ha negado el derecho a recurrir, ya que “el propio defensor indicó que pudieron acudir al Consejo para apelar”.

En cuanto a la petitoria de anular el dictamen, la juzgadora recalcó: “Es un dictamen que es de carácter técnico. Es emitido por peritos y, en ese tanto, el Tribunal no podría emitir la anulación de los dictámenes. Son etapas ya concluidas, donde el Tribunal no podría nuevamente ordenar que se anule la resolución, ya que solo ellos son los competentes para conocer y emitir criterio correspondiente”.

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