La disminución de usuarios en las rutas de autobuses ha provocado que zonas como Puriscal, Acosta, Orotina y Limón se queden sin el servicio. Esto ha provocado afectación a los vecinos de estos poblados que en su mayoría son rurales y no tengan cómo desplazarse.

Esto no es un fenómeno que se vive solo en Costa Rica, sino que a nivel mundial ha sucedido lo mismo. Ante esto el poder ejecutivo envió a la asamblea legislativa un proyecto de ley que pretende evitar más afectaciones a los usuarios del autobús.

En la actualidad hay un número importante de autobuses que están por cumplir los 15 años de vida útil y eso significa que tendrían que salir de circulación lo que podría provocar falta de unidades para dar abasto, por esta razón se buscan cambios.

El viceministro de la presidencia Freddy Morera comentó, “este lunes enviamos a la asamblea legislativa el proyecto de ley para la protección del sector autobusero nacional, ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19. La iniciativa busca que las personas usuarias de comunidades rurales se vean afectadas”.

Por otra parte, la Cámara Nacional de Transportistas (CANATRANS) reconoce el compromiso del gobierno de garantizar la continuidad del servicio de transporte público.

Dentro de las garantías que dan los transportistas es que las unidades siempre contarán con rampas para los usuarios con discapacidad.

“Este proyecto lo que busca es evitar que más comunidades se vean desprotegidas y se sumen a las más de 95 comunidades que en este momento no tienen transporte público, el proyecto ampliará en tres años la antigüedad de aquellas unidades que hayan superado los 15 años” comentó Silvia Bolaños representante de CANATRANS.

Es importante recordar que dicha prórroga es solo aplicable para las rutas ya inscritas y no para las nuevas.

 

 

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