En el transcurso de seis meses, la Sala Constitucional declaró con lugar dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), y anuló la Ley 9980 y el artículo 2 de la Ley 9911, que redujeron los ingresos por canon de regulación.

La Ley 9980 aplicó a todos los prestadores de autobús una rebaja del 25% sobre el monto del canon establecido para el 2020. Y la Ley N° 9911 dispuso una rebaja porcentual a todos los operadores de transporte público (bus, tren, cabotaje, taxi) del 50%, sobre el canon del 2021.

La ARESEP interpuso acciones de inconstitucionalidad contra la aprobación de estas leyes, en las que se argumentó que los diputados dispensaron la consulta obligatoria a la institución, siendo una decisión que afectaba directamente su principal fuente de financiamiento, en beneficio del todos los operadores del sector transporte.

Con la Ley 9980, la ARESEP fue perjudicada en sus finanzas, pues registró una disminución en sus ingresos de ¢1.641 millones por el no pago del canon de regulación por parte del sector autobusero.

La Ley 9911 dispuso una rebaja porcentual a todos los operadores de transporte público de un cincuenta por ciento (50%) y se aplicó a buses, taxis, cabotaje y tren. Esto significó una disminución de ¢2.411 millones en la principal fuente de financiamiento del Ente Regulador.

ARESEP anunció que una vez sea notificada del voto completo de la Sala Constitucional, se realizará un análisis integral de los alcances de este, para procurar materializar lo resuelto.

 

 

 

 

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