La Contraloría General de la República realizó un informe de auditoría sobre la gestión para resultados del Ministerio de Educación Pública (MEP), en la que encontró que la administración de esta institución no se realiza bajo este enfoque.

El “Informe de Auditoría de carácter especial sobre la gestión para resultados del Ministerio de Educación Pública” evaluó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

En él, la CGR detalla que “no se ha definido una ruta estratégica con gestión de riesgos, ni se han mapeado los actores y procesos relevantes que permitan identificar las necesidades de las partes interesadas y la integración de las actividades requeridas para su ejecución”.

La falta de indicadores y metas, así como una desarticulada gestión de proyectos, son parte de las principales falencias que detalla la CGR. Lo que más preocupa es la priorización de recursos para alcanzar resultados. “Por ejemplo, el MEP no definió productos, indicadores, metas, resultados esperados ni población objetivo para programas y subprogramas que representan aproximadamente el 25% del presupuesto total del Ministerio en 2022 (₡622.445 millones).”

Otro tema que preocupa es que el MEP carece de procedimientos necesarios para cumplir con la Ley General de Contratación Pública, lo que, según la Contraloría, podría afectarse la prestación de los servicios públicos que brindan el Ministerio y las Juntas de Educación y Administrativas; entre ellos, los servicios de alimentación, transporte e infraestructura educativa.

Los principales hallazgos de la auditoría fueron:

  • Inconsistencia en registros de datos en sistemas, relaciones con planificación institucional, plataforma SABER, y el análisis de estadística educativa.
  • Carencia de estrategias de articulación y priorización de recursos. En 2022 no se definieron productos, metas, población objetivo entre otros programas y subprogramas que representan el 25% del presupuesto total.
  • Debilidades en la implementación de mecanismos para asegurar el cumplimiento de los resultados, afectando la rendición de cuentas y la transparencia, aunado a una gestión reactiva. Se carece de procedimientos necesarios para la entrada en vigencia de la ley 9986.
  • No se dispone de indicadores, metas o actividades para su ejecución. No se tiene claridad sobre el propósito de los proyectos. De 18 proyectos del portafolio, 4 reflejan una duración de más de 15 años, y 2 de más de 7 años.
  • Ausencia de cultura de seguimiento y evaluación. Lo que genera que el MEP no evalúe de manera oportuna y efectiva su desempeño con una visión valor público.

 

 

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