El Consejo Nacional de Vialidad busca la firma de una adenda contractual con la que se puedan incorporar multas por incumplimientos al Fideicomiso del BCR, para la construcción de la nueva carretera entre San José y San Ramón.

Según la Administración, el BCR no ha logrado conseguir los recursos necesarios para desarrollar el proyecto integral, al tiempo que han presentado una serie de debilidades como Unidad Administradora del Proyecto.

“Ante estas deficiencias detectadas es que se busca establecer multas por incumplimientos y darle un nuevo rumbo al modelo de gestión que proporcione los recursos y mecanismos que dinamicen el proyecto y que permita atender los requerimientos de funcionalidad, calidad y seguridad”, detalló el ingeniero Pablo Camacho, Gerente de la Unidad Ejecutora San José- San Ramón.

Agregó que para la Administración es de vital importancia que se realicen los anteproyectos, diseños y construcción de las obras en apego a la ley, y así evitar desviaciones económicas en la fase de ejecución del proyecto.

Camacho explicó que una de las consecuencias de no aplicar los cambios que se requieren sería un aumento en el costo del proyecto, lo que llevaría a incremento en las tarifas de peaje y plazos mayores para la ejecución de las obras.

CONAVI pone bajo la lupa proyecto de Ruta 1

Según CONAVI, las primeras advertencias para el BCR se emitieron desde el 2019, y muchas de estas discrepancias aún se mantienen, tal es el caso de las mejoras que requiere la OBI del Peaje de Río Segundo, correspondiente al Lote 2B, donde se detectó un
traslape crítico de la solución propuesta y el derecho de vía del tren.

CONAVI señala que la revisión minuciosa de los estudios técnicos realizada por personeros de la Unidad Ejecutora, arrojó la emisión de 435 observaciones que se deben de corregir en aspectos como seguridad vial, funcionalidad, niveles de servicio, diseño geométrico, pavimentos, drenajes, riesgos de geotécnica, suelos y estructuras; también observaciones en el campo socioeconómico y la evaluación financiera, entre otros.

Para el ingeniero Pablo Camacho, algunos de estos aspectos se consideran críticos y pueden afectar tanto el alcance como el costo, funcionalidad y seguridad de los usuarios, en caso de no corregirse en las etapas del anteproyecto, se materializarían en el diseño, construcción y operación de la obra, significando un aumento de los costos del proyecto.

Por el momento, la entidad no ha considerado pertinente aprobar el anteproyecto, ante las debilidades detectadas en el mismo, por esta razón, buscan lograr un acuerdo con el Banco de Costa Rica que se materialice con la firma de la Adenda y que permita seguir avanzando con este importante proyecto.

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